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La basura no está en la calle

Apoyo la huelga de los trabajadores y trabajadoras de limpieza de Madrid. Por supuesto que me asquea la suciedad, me repugna el mal olor y reconozco que cada mañana llego a la puerta de mi trabajo conteniendo las náuseas, que sólo se me pasan cuando traspaso la puerta. Y sin embargo no estoy deseando que la huelga acabe sin más, estoy deseando que acabe con una vitoria para los trabajadores; si la empresa no cede, entonces prefiero que la basura nos ahogue hasta que tengan que ceder. Cuanto más insoportable sea la situación, más posibilidades hay de que el conflicto se resuelva de manera más justa para los trabajadores. Las huelgas tienen que ser así, se hacen para eso, para obligar a la empresa a negociar y a ceder al menos en parte. Las pretensiones de la empresa son las de ganar más dinero a costa de bajar los salarios y recortar derechos; salarios que nunca se bajan, derechos que nunca se recortan –como bien sabemos- a las personas con salarios altos (que cada vez son más altos)  sino a los que ganan menos. Cuando los trabajadores/as de cualquier sector hacen una huelga y la ganan ganamos todos y todas los que vivimos exclusivamente de nuestro trabajo; por tanto solidarizarnos con las huelgas debería ser lo normal.

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La iglesia, otra vuelta de tuerca

La Iglesia en España ha sido siempre uno de los principales aliados del poder económico y un poder económico en sí misma. Fue colaboradora necesaria de la dictadura pero antes de eso era parte imprescindible de un sistema de poder casi feudal. Aquí, la Iglesia ha puesto siempre todo su empeño en mantener la desigualdad social, el atraso endémico, la incultura, la falta de libertades, los privilegios de unos cuantos y la opresión de muchos y, sobre todo, muchas. Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la gente corrió a quemar iglesias.

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Y ahora volvemos al caciquismo

El 27 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que ahora se presenta en el Congreso. En dicha ley y con la excusa del infame artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE, se da un paso más allá en el empobrecimiento material y social de la población. En esta ocasión el objetivo es vaciar de competencias al 95% de los ayuntamientos (todos los de menos de 20.000 habitantes) se supone que para ahorrar. El resultado final será la desaparición o privatización de todos los servicios que ahora se prestan desde los municipios y que dan servicio a más de siete millones de personas. Millones de euros que hasta ahora se invertían en políticas sociales, en sanidad, educación, igualdad, dependencia… se van a evaporar desde lo público seguramente al negocio privado de amiguetes. Pero además de desmantelar los servicios sociales municipales esta ley busca clausurar la instancia democrática más cercana a la ciudadanía, aquella en la que la democracia y el pluralismo tienen más sentido, donde los vecinos y vecinas tienen más capacidad de decisión acerca del bien común. Se trata no sólo de degradar los servicios públicos, sino también de degradar la política y la democracia, alejando aún más las decisiones políticas de quienes son objeto, y cada vez menos sujeto, de la mismas.

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Los timadores triunfantes

Hace un par de días estuve en Galicia y cuando paseaba por la calle de una de sus capitales escuché unos pitos y un barullo ante el que nadie se sorprendía. Después, ante cierta indiferencia general, presencié un desfile de personas la mayoría mayores y –no había más que verlas- trabajadoras, de las que se han dejado la vida en el trabajo. Los manifestantes eran gente de esa que hasta ahora no era habitual de las manifestaciones: señoras y señores mayores con aspecto de no meterse en política o, al menos, de no hacerlo de manera muy habitual. Pero allí estaban, denunciando con pitos que han sido víctimas del timo de la estampita versión bancos y Cajas: las preferentes. A estas personas los bancos les han robado sus ahorros. En total casi 30.000 millones de euros en preferentes y unos 16.000 en deuda subordinada. Y se lo han robado mediante una estafa perfectamente organizada por los dueños de estos bancos y cajas. Y además, a muchos de ellos no sólo no les van a devolver lo robado, sino que Europa ha puesto como una de sus condiciones inhumanas que no se lo devuelvan o que les devuelvan sólo una parte.

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Ha llegado la recuperación, pero no la nuestra

Según nos anuncian ha llegado la recuperación. El mes pasado encontraron trabajo 31 personas (mi hijo entre ellas) y todos nos alegramos, yo pensé que era como si a mi hijo le hubiera tocado la lotería. Recuperación es una palabra que suena a gloria a quienes hemos sido robados, esquilmados, expoliados. ¡Qué alegría! La crisis ha terminado, vamos a recuperar lo perdido. Todos los desahuciados van a recuperar sus casas y con ello sus vidas. Vamos a recuperar, es muy importante, nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas libres en un país democrático y por ello, ahora, con esta recuperación, vamos a dar marcha atrás en ese Código Penal que se parece mucho a los códigos medievales donde robar una barra de pan puede llevarte a la cárcel pero robar en impuestos miles de millones, no. Un código penal hecho para asustar e impedir protestas y rebeliones. Espero que recuperemos también nuestra capacidad de recurrir a la justicia sin tener que pagar por ello. Ya no nos multarán por acudir a manifestaciones o por convocarlas, ni por apoyar en las redes una convocatoria pacífica, vamos a recuperar los derechos civiles y las libertades, qué bien.

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Abramos los ojos de una vez

«No tocaré la sanidad, la educación, las pensiones», eso es sagrado, dijeron. Y las tres cosas están en liquidación. La sanidad pública se privatiza, se trocea, se degrada; se regala a empresas privadas para que hagan negocio con ella. La educación pública se degrada también hasta niveles inimaginables. Miles de niños y niñas no tienen libros, cientos de miles de estudiantes universitarios tienen que abandonar la carrera que estudiaban por no poder pagarla; se reduce el número de profesores, la educación que se ofrece es de mucha peor calidad y mientras, los colegios concertados reciben más dinero, terrenos, prebendas de todo tipo. El sistema público de pensiones comienza también su liquidación y no se hace por ahorrar, sino porque es un negocio enorme en el que todavía no han metido mano las financieras. Los bancos que han quebrado por su mala gestión, que han timado, estafado y especulado reciben subvenciones de cientos de miles de millones a fondo perdido y sus responsables, lejos de ir a la cárcel, son contratados como «asesores» de no sé sabe qué por cientos de miles de euros. El paro crece, el despido se abarata y se facilita. La vivienda sigue siendo un bien inalcanzable para la mayoría y los que no pueden hacer frente a las deudas contraídas con engaños son expulsados de sus casas. La pobreza se extiende por millones de hogares.

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Dice Lastquetty

Dice Lasquetty que dimitir no se le ha pasado por la cabeza y estoy segura de que es así. Dice que los madrileños apoyan la privatización de la sanidad y seguramente lo sabe porque ha leído una encuesta encargada a la misma empresa que decía que el 91% apoyaban la candidatura olímpica; dice Lasquetty que AFEM, la asociación de médicos que ha conseguido paralizar la privatización sanitaria es un sindicato del PSOE, ignorando a tantos asociados que dicen haber votado al PP. En fin, Lasquetty dice que todo se ha hecho bien y que la decisión del juez que paraliza la privatización sanitaria es “política”. Yo diría más bien que es higiénica. Tenían tanta prisa, tanta ansiedad,  por rapiñar la sanidad pública madrileña que ni siquiera se molestaron en que la cosa pareciera más o menos legal. Se sienten hasta tal punto con derecho a robar lo público que no se detienen en tecnicismos ni legalismos como cuidarse de que el proceso parezca mínimamente ajustado a derecho,  ni se molestan tampoco en explicarlo o en que lo que dicen parezca creíble, para qué, deben pensar; porque dice Lasquetty que convocar un referéndum sobre la cuestión sería antidemocrático.

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La caridad televisada de la derecha

A la derecha la solidaridad y la organización popular le produce urticaria; a pocas cosas le tiene tanto miedo como a que la gente piense, imagine, se organice, conquiste espacios comunes y de solidaridad. Toda su estructura económica, política y social se basa en fomentar el individualismo y la competencia de todos contra todos. Para paliar la mala conciencia o para “luchar” (es un decir) contra las situaciones más terribles fomentan la caridad que tratan de hacer pasar como aquello a lo que la gente debe aspirar si quiere mejorar su situación. El  neoliberalismo pretende que la gente se olvide de que tiene derechos. La ofensiva ideológica camina en este sentido, no se tiene derecho a nada, cada uno que se arregle como pueda y, con suerte, que espere que le caiga una limosna.

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Democracia de risa

Hemos perdido la cuenta de las mentiras del Partido Popular en el caso Bárcenas. Nadie esperaba que Rajoy las reconociera, todo estaba escrito de antemano. “Lo siento, me he equivocado”, parece ser la excusa de moda para eludir cualquier responsabilidad en asuntos políticos. Tampoco iba a reconocer delitos fiscales o de financiación ilegal, todo eso estaba excluido. Así que lo importante del debate no es el reconocimiento de un error; eso era lo menos que Rajoy podía decir y es lo que dijo. De todas las naderías, negaciones y bombas de humo que soltó, yo resaltaría su reconocimiento de que la distribución de sobresueldos es práctica habitual en el PP. No los llamó sobresueldos, sino “remuneraciones complementarias por razón del cargo” y “anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo”. Tanto Rajoy, como Cospedal y otros miembros del partido han negado reiteradamente que se cobraran estos sobresueldos. Reconocen que han mentido en esto, ¿por qué no van a hacerlo en todo lo demás?

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Privatizando el sol

Todas las medidas que toma este gobierno están encaminadas a avanzar en el camino de destrucción del estado social de medio bienestar que teníamos, en el camino de expolio de lo público para entregárselo a sus amigos, que al cabo son ellos mismos cuando dejan la política: la sanidad, la educación, los transportes y, desde luego la industria, especialmente la energética. El decreto de autoconsumo que hemos conocido la semana pasada ha pasado semi desapercibido excepto para los expertos en energía, pero es un robo de un calibre tal que debe ser conocido y protestado por todo el mundo.

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