Beatriz GimenoCuando era pequeña solía ir muy a menudo a Francia. Recuerdo que la diferencia entre el paisaje, urbano y rural, del país vecino, y el nuestro fue uno de mis primeros aprendizajes, porque mi padre siempre me lo hacía notar. Y eso que Euskadi, con todo y con pueblos terribles, conserva mucha belleza. Pero no había manera de escapar a la comparación cuando veías el litoral mediterráneo destrozado y el litoral francés, conservado.
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La gente de Murcia ha tenido mala suerte porque su levantamiento histórico contra la manera en que el Partido Popular entiende la democracia, es decir, sin contar con los vecinos y vecinas; contra su manera de gobernar, a favor de la especulación y de los intereses de las empresas…ha coincido con la semana catalana. Son cuestiones muy diferentes pero en ambos casos tienen que ver con la democracia, con la manera en que la gente quiere poder tomar decisiones que afectan a sus vidas y con anhelos sociales perfectamente legítimos. El PP entiende la democracia como un estorbo, y suele responder a cualquier demanda popular a palos. La gente de Murcia lleva más de tres semanas manteniendo en la calle su exigencia de que el AVE no parta su ciudad en dos mitades con un muro de 9 kilómetros por medio, aunque llevan más de 20 años con un activismo constante que ahora ha explotado. Estas semanas se han producido en esa ciudad las mayores manifestaciones de la historia murciana y el asunto nos recuerda al levantamiento del barrio del Gamonal.
Madrid y Barcelona tienen que ser, a partir del 24 de mayo, las ciudades de las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau, porque así serán de todos y todas, de la gente que vive y trabaja en ellas. Si esa feliz circunstancia se da, comenzaremos un proceso de recuperación de nuestras ahora tristes, insolidarias, injustas y exhaustas ciudades; un proceso que nos llevará a hacer de ellas lugares habitables; espacios para convivir y no para competir; ciudades amables a la medida humana y no espacios ásperos a la medida del dinero y de quienes lo poseen. Recuperar nuestras ciudades es un paso imprescindible para soñar en recuperar nuestras vidas.
Trabajo en el centro de Madrid y veo cambiar el paisaje urbano de un día para otro. Los antiguos comercios, tan antiguos como para ser centenarios, están cerrando y en su lugar los locales han sido ocupados por franquicias de ropa, de comida y por tiendas de souvenirs que son un monumento al feísmo. Siempre que veo abrir una nueva tienda de Zara me pregunto cuántas tiendas de Zara es capaz de absorber una ciudad y, en definitiva, una población. Y la respuesta es que muchas, porque las franquicias que se lo comen todo, no son sólo tiendas, son una manera de construir la vida que quieren para nosotros/as; son una buena manera de privatizar las ciudades, de destrozar el paisaje urbano, de estrechar las mentes, la imaginación, de levantar a nuestro alrededor murallas que nos impidan pensar y habitar otros espacios.
El 27 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que ahora se presenta en el Congreso. En dicha ley y con la excusa del infame artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE, se da un paso más allá en el empobrecimiento material y social de la población. En esta ocasión el objetivo es vaciar de competencias al 95% de los ayuntamientos (todos los de menos de 20.000 habitantes) se supone que para ahorrar. El resultado final será la desaparición o privatización de todos los servicios que ahora se prestan desde los municipios y que dan servicio a más de siete millones de personas. Millones de euros que hasta ahora se invertían en políticas sociales, en sanidad, educación, igualdad, dependencia… se van a evaporar desde lo público seguramente al negocio privado de amiguetes. Pero además de desmantelar los servicios sociales municipales esta ley busca clausurar la instancia democrática más cercana a la ciudadanía, aquella en la que la democracia y el pluralismo tienen más sentido, donde los vecinos y vecinas tienen más capacidad de decisión acerca del bien común. Se trata no sólo de degradar los servicios públicos, sino también de degradar la política y la democracia, alejando aún más las decisiones políticas de quienes son objeto, y cada vez menos sujeto, de la mismas.
En mi opinión una de las cosas más interesantes que ha traído el 15M ha sido la recuperación de los espacios públicos para la discusión política entre los ciudadanos; me refiero a las asambleas populares, tanto la que se celebra en Sol casi permanentemente como en distintos lugares de la ciudad, por los barrios. Como respuesta a esta pacífica ocupación, cada vez con mayor fuerza y arbitrariedad -y lo veremos más aun según crezcan las protestas-, el estado intenta controlar/reprimir esta explosión cívica; en España desde luego y en el resto del mundo también. El otro día la policía prohibía incluso repartir información acerca de la huelga del profesorado y hemos visto como, por momentos, se ha prohibido de manera arbitraria pasar por Sol o por distintos puntos de la ciudad, según le pareciera a los poderes públicos que ese lugar en concreto no debía ser ocupado y ni siquiera transitado: la Bolsa, las cercanías del Congreso etc.
Beatriz Gimeno 