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¿Y si…? ¿Sabemos cómo defender la democracia?

¿Y si Trump ha vendido secretos nucleares a otros países? ¿Quién le juzga? ¿Quién le detiene? ¿Y si quien le juzga es de los suyos y se niega a declararle culpable y dice que no eran papeles secretos? ¿Qué pasa si algunos gobernadores de EE.UU aprueban leyes que dejan fuera de la democracia a millones de personas que votan demócrata (como ya está pasando)? ¿Y si se presenta por segunda vez a las presidenciales y las pierde pero dice que las gana? ¿Y si todos los medios conservadores afirman que las ha ganado? ¿Y si las redes sociales dicen que las haga ganado y la gente lo cree? ¿Y si esta vez algún gobernador republicando decide declarar la victoria de Trump, aunque haya perdido? ¿Qué pasa si colocan al frente de los colegios electorales a técnicos que están dispuestos a falsear las elecciones? ¿Qué pasa si los jueces que tienen que certificar los votos, mienten? ¿Habrá alguien que mandará detenerle? ¿Y si la policía se niega porque cree estar defendiendo la democracia al defender a Trump? ¿Cómo nos estamos protegiendo de eso?
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De indultos y otros vaivenes.

Concha Torralba escribe este artículo que es también una reseña de mi libro
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¿Qué tiene que hacer un juez para que lo inhabiliten?

La respuesta a la pregunta del título es un misterio cuya resolución seguramente nadie conoce. No hay una regla y no depende de la gravedad del caso: quizá comerse un niño crudo.

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La respuesta a los abusos sexuales a los menores de edad: violencia machista

Si algo hemos aprendido en los meses que llevamos en la Asamblea de Madrid es a experimentar y vivir en primera persona que “las instituciones son un traje a medida de quien las ha diseñado” como dijo Teresa Rodríguez el domingo pasado. Que aquí todo está pensado y bien atado para que quienes entren acaben por no querer, o no poder, ser leales los intereses y las necesidades de las mayorías.

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Justicia medieval para peligrosos sociales

El título XV del Código Penal (artículos 311-318) dice: «De los delitos contra los derechos de los trabajadores» y se supone que está para proteger a estos de los abusos de los empresarios. Los artículos que desarrollan este título dejan claro que se trata de proteger a la parte más débil de la más fuerte, de los empresarios. Especialmente el artículo 315 protege a trabajadores y trabajadoras de las presiones, coacciones y limitaciones que los empresarios puedan ejercer contra un derecho fundamental en una democracia, el derecho de huelga. Sin embargo, la situación que vivimos es tal que el título XV, y en particular el artículo 315, se ha convertido en un instrumento para castigar a los trabajadores en lugar de defenderlos. Una ley que se hizo para proteger el derecho de los débiles (como es lo normal en democracia) se está usando para lo contrario, para castigarlos y reprimirlos; y con extraordinaria brutalidad, además. Hay pocos ejemplos de una perversión legal semejante.

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Poder feudal

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, propone que se baje el salario mínimo para los trabajadores menos cualificados y rebajar aún más el coste del despido, así como reducir las cotizaciones para las empresas. Además, considera que es un desacierto que la normativa obligue a pagar a los trabajadores “que no sirven para nada”, un salario mínimo. Estos jóvenes que no sirven para nada deben ser como los negros para los esclavistas, unos vagos redomados, o las criadas para las señoras bien, unas inútiles porque hay qué ver cómo está el servicio. La casta empresarial se ha quitado las caretas (la reforma laboral se lo ha permitido) y se relaciona con los trabajadores como siempre ha hecho y como le gusta hacerlo; como lo que son: los dueños.

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El Papel de las víctimas

No puedo ni imaginar lo que significa que te maten a un hijo. Por eso es muy delicado, o al menos a mí me cuesta mucho hacerlo, criticar la iniciativa de los padres de Marta del Castillo, como antes del padre de Mari Luz, de Sandra Palo y de tantos padres y madres que, ante la muerte injusta y terrible de sus hijos, pretenden modificar las leyes para aumentar las penas. Su afán de buscar justicia es legítimo y puede, además, que ayude a calmar su dolor; es posible que su movilización pública les distraiga por un tiempo y les ayude a pasar esos momentos terribles y a no pensar en su pérdida. A ellos les comprendo. Pero que les comprendamos no quiere decir que estemos de acuerdo. No lo estoy.