Autor: Beatriz Gimeno

Este martes se ha conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que quemar fotos de los reyes es un legítimo acto de «crítica política» y condena a España a reintegrar los 2.700 euros de multa que impuso a dos jóvenes y a indemnizarles con 14.000 euros. Otra condena más, no es la primera y puede venir una ristra de ellas si es que empiezan a llegar al tribunal los casos de raperos y tuiteros condenados últimamente. El texto de la sentencia recuerda a España que la libertad de expresión no solo es para la información o las ideas inofensivas sino también, y especialmente, para aquellas que puedan generar escándalo, «conmoción» o «preocupación». Ya lo hemos advertido muchas, la libertad de expresión solo es tal, en realidad y aunque esta no sea su definición canónica, si ofende o molesta  a alguien; si no, es sentido común y no necesita defensa. 

Como han denunciado diversos organismos, entre ellos la Plataforma por la Libertad de Expresión, vivimos una situación, excepcional, por lo antidemocratica,  en lo que se refiere a la situación de la libertad de expresión en España. Raperos en la cárcel, activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del terrorismo, gente en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la parodia de una procesión y gente juzgada por determinadas opiniones políticas que el Ministerio del Interior califica de “odio”. La aprobación de la Ley Mordaza supuso consagrar una espiral represiva y sancionadora de la libertad de expresión que llevaba tiempo gestándose con sucesivas reformas del Código Penal que han ido, poco a poco, acotando y restringiendo este derecho.