A mediados de agosto se hizo público -en España- el caso de una adolescente transexual que pidió permiso para una reasignación quirúrgica de sexo. Se trata de una persona que fue asignada como varón al nacer, que es en realidad una mujer y que ya ha comenzado el tratamiento necesario para cambiar de sexo. Ahora, apoyada por sus padres quiere someterse a cirugía. Como tiene 16 años, que pueda o no someterse a esa cirugía, depende del juez al parecer. Las leyes están hechas un lío, la verdad. Resulta que la ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente concede a este a partir de los 16 la mayoría de edad legal para someterse a tratamientos o para renunciar a ellos.
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Un año de dignidad
El sábado pasado asistí en Madrid al acto de celebración del primer aniversario de la llamada Ley de Identidad de Género (su nombre real es mucho más largo). Esta ley, que recibió mucha menos atención y mucha menos oposición (afortunadamente) que la de matrimonio entre personas del mismo sexo era, sin embargo, más necesaria. La ley de matrimonio nos trajo la igualdad, pero hasta la ley gays y lesbianas vivíamos más o menos como cualquiera. Las personas transexuales, ciudadanos y ciudadanas, que pagan sus impuestos, que están sujetos a todos los deberes, no podían, sin embargo, desarrollar sus vidas. Aquello era inhumano.
Cuando fui invitada a este congreso (cosa que agradezco mucho a la Fundación Isonomía que ya me ha invitado varias veces) y me planteé sobre qué podía hablar decidí hacerlo sobre la transexualidad y sus relaciones con el feminismo.
