Y ahora volvemos al caciquismo

El 27 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que ahora se presenta en el Congreso. En dicha ley y con la excusa del infame artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE, se da un paso más allá en el empobrecimiento material y social de la población. En esta ocasión el objetivo es vaciar de competencias al 95% de los ayuntamientos (todos los de menos de 20.000 habitantes) se supone que para ahorrar. El resultado final será la desaparición o privatización de todos los servicios que ahora se prestan desde los municipios y que dan servicio a más de siete millones de personas. Millones de euros que hasta ahora se invertían en políticas sociales, en sanidad, educación, igualdad, dependencia… se van a evaporar desde lo público seguramente al negocio privado de amiguetes. Pero además de desmantelar los servicios sociales municipales esta ley busca clausurar la instancia democrática más cercana a la ciudadanía, aquella en la que la democracia y el pluralismo tienen más sentido, donde los vecinos y vecinas tienen más capacidad de decisión acerca del bien común. Se trata no sólo de degradar los servicios públicos, sino también de degradar la política y la democracia, alejando aún más las decisiones políticas de quienes son objeto, y cada vez menos sujeto, de la mismas.

En los Ayuntamientos nacieron en la transición fuertes y reivindicativos movimientos vecinales que cambiaron el sentido de la participación política y que consiguieron mejorar en mucho la calidad de vida de las personas. Resulta difícil entender ese periodo sin tener en cuenta la fuerza de estos movimientos nacidos desde los municipios. Ahora mismo, además de todos los servicios que prestan, los municipios son aun instancias políticas en las que se pueden ensayar modelos de gestión alternativos (en Europa y en Latinoamérica han surgido interesantes iniciativas desde aquí) y en los que, últimamente y cada vez más, estaban apareciendo candidaturas ciudadanas que suponen un desafío a los partidos tradicionales y la posibilidad de experimentar alternativas democráticas. Pues es con estas posibilidades con las que también pretende acabar el PP, cuyo proyecto de ley arrebata a los municipios la mayoría de sus competencias y los somete a vigilancia, tutelaje e intervención. ¿Vigilancia de quién? Pues atención: una parte de esta vigilancia queda encargada a las diputaciones. He aquí que el PP ha encontrado un nuevo uso para este organismo cuya desaparición pedíamos no hace mucho en las calles.

Es posible que la gente no sepa para qué sirven las diputaciones, pero el PP sí que lo sabe y bien que las ha utilizado. Sirven, entre otras cosas,  para que desde ellas pueda ejercerse un poder opaco, nada democrático, sin control, personalista. En las diputaciones están apalancados los Baltar o los Fabra de turno, sin que nadie sepa cómo han llegado allí, qué se supone que hacen o para qué sirven esos cargos excepto, a la vista está, para enriquecerse y manejar hilos (o hilillos, según Rajoy) de corrupción. El PP es muy aficionados a las diputaciones, allí está lo mejor de su casa. Por eso no sólo no las va a hacer desaparecer, como pedía la gente, sino que ahora pretende encomendarles una parte importante del tutelaje de los municipios. Básicamente la reforma va a poner en manos de las diputaciones la contratación en general y  la mayor parte de los servicios básicos (basuras, limpieza, agua, pavimentación de las vías, tratamiento de residuos, …) Es decir,  condona y alienta lo que podíamos llamar «el método Baltar», caciquismo y corrupción legalizada, nulo control democrático, privatización de todo, separación de los servicios que se prestan respecto a la ciudadanía que los recibe, de manera que toda cercanía queda cortocircuitada. Los municipios tampoco podrán desarrollar actividades en lo que se refiere a cultura, educación, promoción de la mujer, medio ambiente, vivienda, sanidad, etc.

Así que con la excusa del ahorro, el PP ha encontrado una nueva manera de dificultar la participación ciudadana limitando el poder y la capacidad de gestión de los municipios, al tiempo que encuentra una manera de extender sus redes de caciquismo y clientelismo y de dotarse de más espacios opacos al control democrático que son los que le gustan. El PP no disimula que añora aquella época en la que los caciques tomaban todas las decisiones locales y en los que trabajar o no, vivir bien o regular dependía del cacique de turno. De lo que se trata, además de procurar nuevos negocios a sus amigos,  es de que no exista ámbito alguno desde el que la ciudadanía pueda encontrar manera alternativas de organizarse, de decidir respecto a cuestiones básicas que afectan de manera muy importante sus vidas; de lo que se trata es de seguir quebrando, golpe a golpe, el estado social, los derechos, las libertades, la democracia incluso porque la derecha española nunca ha creído en nada de esto; sólo esperaban su momento. ¿Cuándo haremos que llegue el nuestro?

Publicado en:  eldiario.es