Como a perros

Reducir las urgencias porque se usan poco es como bloquear las puertas de emergencia de un edificio porque no van a usarse, o no construir escaleras de incendios porque no es probable que haya un incendio. Lo mejor que le pueden pasar a las urgencias es que se usen poco, lo menos posible, y jamás pueden estar sujetas a un criterio de rentabilidad económica porque sirven para salvar vidas que se supone que no tienen precio (Suposición que ha quedado antigua. Las vidas tienen precio: las de los pobres no valen nada). Por otra parte, cerrar las urgencias por la noche es completamente ridículo: las urgencias no tienen hora; es más, puestos a cerrar sería más normal cerrarlas por la mañana, cuando por lo menos hay luz para conducir y más gente que puede ayudar. Y por último, cerrar las urgencias y dejar desasistida a una parte de la población es profundamente injusto, desigual e inequitativo. La población rural tiene el mismo derecho que la población urbana a disponer de un médico de urgencia en caso de necesitarlo.

Pero ni la lógica, ni ningún sentido de la justicia, de la ética o del bien común guía a estos dirigentes que cortan por lo sano allí donde creen que la cuerda es más débil. Está escrito en su ADN de derechas. El gobierno de Mariano Rajoy y los gobiernos autonómicos del Partido Popular son gobiernos que toman todas sus decisiones pensando en una élite privilegiada a la que ellos mismos pertenecen; son gobiernos en contra de mucha gente, de la mayoría. Ahora, si una mujer se pone de parto por la noche en uno de esos pueblos que han dejado sin médico se verá pariendo como en el siglo XIX; si a cualquier persona le da un infarto, tiene muchas posibilidades de dejarse la vida en una carretera tratando de llegar allí donde se supone que hay un médico. Por si fuera poco, es posible que una vez que en medio de la más terrible angustia, lleguen al lugar con médico, éste se haya ido a atender otra urgencia a cualquier pueblo cercano.

Esto es lo que les espera a partir de ahora a cientos de miles de personas que tienen la desgracia de no vivir en ciudades y que tienen la desgracia también de vivir en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Son, la mayoría, personas mayores que ya no tienen familia en el pueblo y que, por si fuera poco, ni siquiera pueden conducir, así que la intención de Cospedal y de los demás gobiernos que se suman a esta campaña contra el derecho a recibir asistencia sanitaria no es otra que la de abandonar a su suerte a estas personas. El otro día en un telediario, una señora mayor, preguntada sobre la cuestión decía que ella y su marido habían trabajado toda la vida, día y noche, para que ahora se les dejara tirados como a perros. Me imagino lo que habrá trabajado esta gente, ahora anciana, en esos pueblos para construirse una vida más o menos digna para que ahora, en su vejez, no tengan siquiera la tranquilidad de saber que en caso de que les pase algo van a poder acceder rápidamente a un buen servicio de urgencias.