Nuevas perspectivas en el debate sobre el aborto: el aborto libre como derecho

Muchos países de América Latina se encuentran inmersos en el debate sobre el aborto; algunos de ellos tienen leyes que despenalizan el aborto en determinados supuestos, otros lo prohíben absolutamente -incluso si peligra la vida de la madre- la mayoría presentan numerosas restricciones legales a esta práctica. En ellos, el debate está abierto. Sin embargo, éste es un antiguo debate que lleva décadas produciéndose casi en los mismos términos en distintos lugares del mundo. Mientras que los argumentos de los proelección[1] suelen adecuarse a las realidades sociales de sus respectivos países, los argumentos de los antiabortistas responden a un plan global determinado por una especie de “multinacional” ideológica que fabrica argumentos y los distribuye por el mundo[2]. Fundamentalmente, los grupos antiabortistas se agrupan en torno a la Iglesia Católica y a los grupos  los ultraconservadores de los EE.UU,  muy activos ideológicamente en todo el mundo, auténticos think tank del conservadurismo político. A pesar de que el aborto legal va avanzando e imponiéndose en algunos países, los grupos antiabortistas están venciendo en cuánto a que están imponiendo los términos del debate. Están ganando en cuánto a que están consiguiendo que el debate del aborto gire, casi absolutamente, alrededor de lo que ellos llaman derecho a la vida (primero del feto, después incluso del zigoto) Están consiguiendo que el debate sobre el aborto sea visto siempre como un debate moral y enmascarando que se trata de un debate político e ideológico.        Desde nuestra postura de defensoras del aborto libre, queremos ofrecer nuevos argumentos a este debate antiguo. Después de décadas de discusión pensamos que mientras que las feministas han aceptado algunas de las premisas de los antiabortistas [3], aquellos se han movido hacia posiciones cada vez más reaccionarias y no tienen ningún interés en negociar nada. El eslogan con el que en los años ochenta se reivindicaba el aborto en España “Aborto libre y gratuito ya” ahora sería imposible de defender públicamente.

El debate, desde el punto de vista feminista, debería dejar siempre un espacio para mencionar el aborto como un derecho de las mujeres. No hay nada que objetar al planteamiento de “aborto para no morir” si es que se plantea como una estrategia, quizá la única posible en determinados lugares del planeta, para evitar lo que efectivamente y objetivamente es un mal  sin paliativos que hay que evitar a corto plazo: la muerte de miles de mujeres por abortos mal realizados, pero siempre teniendo en cuenta de qué estamos hablando y sabiendo que esta estrategia tiene sus limitaciones. Una limitación importante es que incluso en los países desarrollados donde se puede abortar en condiciones seguras, se está dejando todo el campo de la visibilidad moral y de la retórica de los derechos a los antiabortistas, con el peligro de que ese campo “ocupado” por el derecho a la vida del feto no pueda después ocuparse con el derecho de las mujeres a su propia vida, a su propio cuerpo. Asumir que estamos hablando de los derechos del feto tiene como consecuencia que el debate permanece siempre abierto, con el peligro de que pueda retrocederse en algún momento.

Queremos intentar plantear el debate en otros términos de los habituales con el objeto de provocar, al menos, la posibilidad de una nueva racionalidad sobre el aborto. Nuestra intención es argumentar que cuando hablamos de aborto, en realidad, el aborto en sí no es lo más importante, al menos, no para los antiabortistas. Nos encontramos ante un debate que parece no tener solución teórica y esto es así por dos motivos. El primero es que no tiene solución porque no estamos debatiendo lo que parece, y lo segundo es que no tiene solución porque ellos no quieren que la tenga; su intención es mantener el debate abierto tanto tiempo como sea posible. El aborto no es lo que interesa a los antiabortistas y por eso las feministas deberíamos plantear el debate en nuestros propios términos, y no en los suyos. El caso español que se está debatiendo en este momento es un ejemplo paradigmatico.

El aborto en España

En España se aprobó en 1985 una ley de despenalización parcial del aborto que convertía a éste en no punible en tres supuestos: 1-Cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido por un médico. Llamamos la atención de que en este caso el aborto se puede efectuar en cualquier momento del embarazo. En caso de urgencia no será necesario el dictamen médico.  2- que el embarazo sea producto de una violación, siempre que se produzca dentro de las doce primeras semanas. 3- que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas. Para ello se exige el dictamen de dos médicos.

En el momento en el que la ley se aprobó, España se encontraba inmersa en ese periodo que se ha llamado de “transición a la democracia” después de una dictadura que había durado más de 40 años. La prueba de fuego de dicha transición era, precisamente, ser gobernados por la izquierda por primera vez. El gobierno socialista no se planteó entonces aprobar una ley de aborto, sino una despenalización parcial que suponía que sería menos controvertida. No obstante estas precauciones el debate resultó tan cruento como suele serlo, con la iglesia amenazando con un futuro apocalíptico para el mundo y con la excomunión de todos los que tuvieran que ver con un aborto. Los periódicos de entonces muestran un debate enconado en el que parecía que la consecuencia sería la desintegración social de España. Ese clima se mantuvo hasta el momento de la aprobación de la ley, que en cuanto entró en vigor desapareció totalmente del interés informativo y fue en seguida mayoritariamente aceptada[4]. Fue tan asumida que cuando volvió al poder el Partido Popular (conservador) en el año 1996 ni se planteó modificarla ni nadie se lo pidió. El Partido Popular gobernó España entre 1996 y 2004 y en estos años la iglesia no movió el asunto. Se hizo el silencio sobre la ley que seguía en vigor y funcionando.  Lo cierto es que durante estos 23 años la ley ha funcionado –para bien de las mujeres españolas- casi como una ley de aborto libre[5]. Baste decir que el 97% de los abortos se han producido bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la embarazada, en cuyo caso, como hemos visto, se puede abortar sin plazo determinado [6] .

Sin embargo, cuando el partido socialista volvió al poder, la ley de aborto volvió a ser objeto de polémica desde dos frentes distintos. Por una parte, algunos grupúsculos antiaborto se dedicaron a dificultar en lo posible el acceso al mismo manifestándose delante de las clínicas que practicaban los abortos y la iglesia volvió a la carga (después de su silencio de diez años) con sus cifras sobre asesinatos masivos de inocentes; algunos otros grupos se especializaron en la persecución judicial  poniendo denuncias falsas contra las mujeres, contra los médicos y contra las clínicas que practican los abortos[7]; denuncias que en todos los casos han sido desestimadas por la justicia pero que en el proceso de comprobación han venido generando violaciones de la intimidad y la confidencialidad de mujeres y clínicas.

Ante este acoso a las mujeres que hacían uso de su derecho, las feministas exigieron al gobierno socialista una ley de aborto más acorde con una sociedad que está siendo pionera en grandes cambios sociales, especialmente en aspectos relacionados con la moral sexual y el género. Para las feministas  tan importante es poder abortar sin problemas como que se reconozca que éste es un derecho: derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra posible maternidad, derecho de autonomía corporal, que se reconozca nuestra agencia moral, protección de la igualdad entre hombres y mujeres…Es decir, querríamos abortar libremente sin necesidad de alegar ningún tipo de problema mental y libres, además, de cualquier tipo de presión o persecución. El movimiento feminista exigió entonces al gobierno la aprobación de una ley de aborto que dejara en manos de la mujer la decisión.  Finalmente, el gobierno anunció en febrero de 2009, la presentación al Parlamento de una ley de plazos que no exigiera para someterse a un aborto ninguna justificación, a la manera de las leyes que existen en la mayoría de los países europeos.

La nueva ley, aún no aprobada pero ya conocida, ha resultado, en parte, una desilusión para las feministas porque, aunque tiene ventajas, puede acabar resultando, en la práctica,  más restrictiva que la anterior en cuanto al ejercicio real del derecho al aborto. Como ventaja indudable, la ley recoge un plazo de catorce semanas en el cual el aborto es libre -las feministas pedíamos un plazo mayor: veintidós semanas al menos, como en algunos países europeos. Esto quiere decir que, al menos en ese plazo la ley considera el aborto como un derecho por el que las mujeres no tienen que dar explicaciones; asimismo desaparece el supuesto de la violación subsumido en el plazo de libre decisión y finalmente, en caso de que peligre la salud o la vida de la madre o el feto presente graves anomalías, sólo se podrá abortar hasta la semana veintidós. Después de la semana veintidós, sólo se podrá abortar si el feto presenta graves anomalías. Es en este último punto en el que las feministas discrepamos abiertamente ya que consideramos que la vida de la madre debe estar siempre, en cualquier momento y claramente explicitado, por encima de los supuestos derechos del feto o de cualquier otra consideración. La ley presenta otras novedades interesantes como la posibilidad de abortar desde los dieciséis años sin permiso paterno. En todo caso, la ley mejor o peor, no es en ningún caso más permisiva que la anterior, sino acaso más ordenada. Se intenta acabar con ese supuesto fraude de ley en el que abortaban el 97% de las mujeres y en ese empeño es en el que puede acabar resultando más restrictiva.

Lo que aquí nos interesa no es tanto la ley en sí como la reacción que ha suscitado en algunos sectores de la sociedad española. La iglesia y el partido conservador han salido en tromba a atacarla con exactamente los mismos argumentos de hace veinticuatro años: el derecho a la vida del feto, los miles de inocentes sacrificados etc, argumentos todos ellos conocidos. Pero resulta difícil de explicar por qué, si les interesan tanto los no nacidos, ni el partido conservador ni la iglesia han dicho nada en estas décadas de vigencia de la anterior ley de la que se han beneficiado cientos de miles de mujeres. Y resulta difícil de explicar por qué el Partido Popular no la derogó o la cambió cuando pudo hacerla. Lo más sorprendente de la cuestión es que, en pura lógica, si lo que les importa son los abortos, con esta ley posiblemente no se pueda en modo alguno abortar en la misma medida que con la anterior; seguramente el resultado de la ley sea que se reduzca el número de abortos legales.  ¿Por qué, entonces, les molesta tanto? ¿Por qué razón les molesta más esta ley que la anterior?  Pues porque mientras que la anterior despenalización parcial trataba el aborto como un mal menor y lo permitía únicamente bajo determinados controles sociales, ésta, en cambio, reconoce abiertamente el aborto como un derecho de las mujeres.  En nuestra opinión, ése es el fondo crucial del debate.

El debate: dos cosmovisiones opuestas

Es en el sentido antes expuesto en el que consideramos que el debate, tal como se viene manteniendo, es un debate trucado que no tiene lógica ni coherencia interna, lo que no parece importar porque, en realidad, no se está hablando del aborto, sino de otra cosa. De lo que se está hablando es de las mujeres, aunque las mujeres parezcan ausentes del debate.  Estamos convencidas que es el estatus de las mujeres en las distintas sociedades, su autonomía, sus derechos, la igualdad entre hombres y mujeres, lo que se discute en realidad y todo ello disfrazado debajo de un supuesto debate sobre los derechos del feto. La oposición al aborto no tiene tanto que ver con la reproducción como con la sexualidad de las mujeres y su posición en la sociedad. El debate sobre el aborto concentra en sí de una manera práctica, simbólica y emocional, dos visiones opuestas del mundo.  El aborto es el punto de apoyo de una lucha ideológica mucho más amplia en la cual está en juego el significado de la familia, del estado mismo, de la maternidad y de la sexualidad de las mujeres, especialmente de las jóvenes; por eso las políticas de aborto son fundamentales para todas las mujeres, incluidas aquellas que jamás van a abortar, y es que la decisión que cada sociedad dada tome en este sentido afecta al estatus social de todas.

Por eso a estas alturas el aborto sigue siendo uno de los temas políticos fundamentales para la política feminista y por eso, aunque la opinión pública parece cada vez más favorable a este  derecho y a pesar de que éste se va consolidando en muchos países el debate, lejos de amainar, se  recrudece. Porque contra lo que se pueda pensar y de manera un tanto paradójica, el aborto nunca ha sido tan discutido como ahora, nunca la oposición al mismo ha sido mayor y ha estado mejor y más organizada y ha tenido más influencia política, y nunca como ahora se ha conseguido hacer visible el discurso de los derechos del no nacido o del asesinato de inocentes etc. Porque, como afirma Kristin Luker (1985, 185-192) el aborto ejemplifica, en este momento y como nunca había ocurrido antes, una determinada y completa visión del mundo que es la que está en el fondo del debate; una visión que tiene que ver con la política de género y con las relaciones sociales, políticas, económicas entre hombres y mujeres. Lo que aquí está en juego es el enfrentamiento entre dos concepciones concretas del mundo. Los frentes de esta batalla no permanecen fijos y se recrudecen cada vez que se mueve la frontera que los separa, y esto ocurre cada vez que pasa algo que según los conservadores viene a atentar al estatus de la familia tradicional[8]. Los conservadores han encontrado en el debate sobre el estatus del feto un filón discursivo al que resulta difícil oponerse. Por eso es necesario desenmascarar ese discurso: no es el derecho a la vida, ni mucho menos la suerte de los embriones o de los fetos lo que se discute, sino una manera entera de entender el mundo, y particularmente, la posición que deben ocupar en él las mujeres, y con ellas una determinada concepción de la(s) familia(s), de la sexualidad, de la reproducción, de la igualdad de género… Y en el debate, tal como se plantea cada vez más, no parece posible un punto intermedio, ni un consenso: no hay embrión vivo a medias, ni libertad de las mujeres que se pueda defender a medias.

Que lo que los conservadores combaten es el aborto como derecho más que el aborto mismo lo dicen ellos mismos y con esas mismas palabras. “El aborto no es un derecho” ha sido la frase más repetida por los antiabortistas a lo largo del debate desarrollado en España. La coincidencia en repetir esa frase nos hace pensar que se trata de una de las “ideas fuertes” importadas por uno de esos think tank antiabortistas norteamericanos [9]. A estas alturas del debate mundial parece claro que los antiabortistas no defienden tanto el supuesto derecho a la vida de los no nacidos como un determinado modelo de sociedad. Un modelo de sociedad contrario al que defendemos las feministas y es que cuando hablamos de aborto, estamos hablando de política de género; de eso que el Vaticano ha definido ya como “la perversa ideología del género”, de la igualdad entre los géneros, diríamos nosotras. Durante las más de dos décadas en las que en España se ha podido abortar, a este sector social antiabortista les bastaba con el consenso que existía: se abortaba, pero de manera vergonzante. Se abortaba sí, pero las leyes sancionaban su punto de vista; las leyes decían que su mundo era el bueno.

No pasa nada por asumir que una chica de diez años violada no debe ser madre, o que está bien abortar a un embrión con enfermedades terribles, o que es lógico someterse a un aborto cuando peligra la propia vida de la mujer, eso lo asume casi todo el mundo, parece algo de sentido común, y por eso la antigua ley española no planteaba ningún problema, pero eso mismo adquiere una desmesurada importancia política cuando se trata de plasmar ideológicamente que la mujer es la que decide autónomamente sobre sí, sobre su futuro, sobre el papel que quiere jugar, como madre y como no madre. La decisión de abortar es el epítome de la capacidad de las mujeres como individuos y de las mujeres colectivamente para controlar su fertilidad, así como para controlar las consecuencias del sexo heterosexual, especialmente ahora, cuando algunas de las aristas más evidentes del patriarcado son fuertemente cuestionadas. El aborto adquiere importancia política cuando la posición social de las mujeres se encuentra sitiada, como afirma Petchensky; porque en realidad, el aborto es la visibilización no sólo del control por parte de las mujeres de sus cuerpos, sino que es la visibilización del sexo, del sexo no adscrito a la única categoría social que los ultraconservadores admiten: el  matrimonio heterosexual. Los antiabortistas son, en realidad, contrarios a los derechos de las mujeres y contrarios al sexo no matrimonial, pero como dichos argumentos se perciben como anacrónicos y como, además, son unos magníficos publicistas y estrategas han encontrado un argumento mucho más efectivo:  el derecho a la vida de los fetos (Petchesky, 1990: ix-xvii).

Y porque los antiabortistas están defendiendo su forma de entender la vida, sus valores, es por lo que su base social es una base social muy comprometida y batalladora; porque se encuentra fuertemente a la defensiva, mucho más comprometida en general que los favorables al aborto para quienes ésta puede ser una batalla más y que no lo viven con ese sentido de la totalidad. Los antiabortistas defienden un mundo que en parte se está desmoronando y por eso este debate se ha convertido en un debate emocional que ha dejado de ser racional. No hay  acuerdo posible entre las dos partes enfrentadas porque no se parte del mismo sitio, porque no se comparte nada, ni un mismo lenguaje, ni un común punto de llegada. El debate sobre el aborto, como sobre la eutanasia, las investigaciones con células madre, la homosexualidad, la anticoncepción etc., es tan “abarcador”, que sabemos que tener una opinión, la que sea, acerca del estatus del embrión lleva aparejada implícitamente una determinada opinión acerca del lugar que  deben ocupar las mujeres y los hombres. En Latinoamérica, concretamente, donde el poder de la iglesia y su capacidad para influir en la política es mayor que en Europa, las legislaciones abortistas existentes, escasas, lo que hacen es regular ciertas situaciones para evitar muertes o abortos clandestinos con el objetivo de paliar las desigualdades sociales en este aspecto. Así, se podrá abortar más o menos, en unas condiciones u otras, pero nadie parece reivindicar abiertamente el aborto como un derecho de las mujeres. Incluso para las defensoras del aborto, éste continúa siendo invocado como una necesidad y no como un derecho, y eso es lo que persiguen los antiabortistas. El derecho al control sobre el propio cuerpo y la propia sexualidad; el derecho a autodeterminarse moralmente no parecen ser nunca el objeto central de la polémica y eso es un error que cometemos las favorables al derecho a abortar. Es necesario ser claras: lLos embriones no tienen derechos, sólo las personas los tienen.

Nada es lo que parece: ¿Quién quiere evitar los abortos?

Antes de entrar en el trabajoso cuestionamiento de los supuestos derechos del feto queremos detenernos brevemente en una cuestión que, no por parecer obvia, deja de ser imprescindible en el debate. Si el aborto es un mal, si estamos hablando del asesinato de inocentes ¿por qué los antiabortistas no parecen ser los más interesados en evitar los abortos? Conviene poner de manifiesto esta cuestión para resaltar la primera incoherencia interna del debate porque poner de manifiesto las paradojas y las contradicciones internas en el campo de los antiabortistas es una manera de ocupar ideológicamente el terreno del debate. No es muy difícil probar que la mayoría de los llamados antiabortistas no tienen, en realidad, verdadero interés en evitar que se produzcan los abortos, mientras que son los llamados proboartistas los interesados en dicha cuestión.  Ya hemos hablado del caso de España pero es bien sabido también que el aborto clandestino como realidad es visible a todas luces en América Latina, basta leer los avisos comerciales o volantes que circulan con la frase “¿Atraso menstrual?”. Sin embargo, no se conoce de incursiones de antiabortistas en dichos lugares muchas veces ubicados en áreas de extrema pobreza de las ciudades. Es fundamental argumentar  -y demostrar- que quienes sostienen que el aborto es siempre equivalente a un homicidio no son precisamente lo más interesados en evitarlos o quizá es que verdaderamente tampoco ellos crean que un aborto es equivalente a un homicidio. También es importante demostrar que son ellos los que no admiten un acuerdo de ningún tipo, los que dinamitan la posibilidad de cualquier consenso en torno a la cuestión de reducir los abortos al máximo. Pareciera que si su preocupación es el asesinato de inocentes, debieran ser ellos los más interesados en tomar todas las medidas para evitarlos o, por lo menos, defender la postura de que es mejor prevenir que interrumpir.  Lo cierto es que los antiabortistas se oponen, con la misma fuerza, al aborto que a prevenir los embarazos que acaban en aborto.

El jesuita Juan Masiá ha publicado en un periódico español un artículo especialmente clarificador en el que mantenía que era posible y necesario encontrar un punto acuerdo entre las posturas enfrentadas y en el que sugiere un decálogo para un debate sobre el aborto en el que se pueda: “proponer sin imponer; despenalizar sin fomentar; cuestionar sin condenar; concienciar sin excomulgar”[10].  Cualquier persona favorable al derecho al aborto se adheriría a esta propuesta; nosotras podríamos adherirnos a esta propuesta, ellos no. Entre los antiabortistas no existe postura moderada porque la cuestión del aborto la plantean como una guerra de absolutos. En el artículo mencionado, Masiá hace una afirmación clave: “Sin tomar en serio la anticoncepción no hay credibilidad para oponerse al aborto”. Efectivamente, y ese es un punto clave para desmontar su discurso. Los que dicen oponerse al aborto porque éste es siempre un crimen son los mismos que aquellos que se niegan, con idéntico énfasis por cierto, a que los jóvenes reciban educación, o siquiera información, sexual que reduzca el número de abortos entre adolescentes; los mismos que se niegan a que los anticonceptivos sean accesibles para todo el que lo necesite. ¿Están o no están en contra del aborto? ¿Piensan o no que el aborto es un asesinato? Si el aborto es, como aseguran, un asesinato entonces se impondría hacer casi cualquier cosa para evitarlo; se impondría incluso aceptar propuestas con las que pueden no estar del todo de acuerdo como, por ejemplo, informar a los jóvenes sobre sexualidad. Aun cuando consideren que hablar de sexo en la escuela es pernicioso, ¿no sería aquí aplicable la teoría del mal menor? Esa es la teoría que defiende Masiá en su artículo, pero él es uno de los pocos antiabortistas moderados. La realidad es que para el movimiento antiabortista no hay mal menor en este debate en el que es  igual de pernicioso tratar de prevenir un aborto que el aborto mismo. Lo único que explica su postura es el hecho de que no estamos hablando de lo que parece, sino que estamos hablando de políticas de género y de ciudadanía sexual. Políticas de género que son el mal absoluto, y ciudadanía sexual para las mujeres que ellos no reconocen.. Por eso, para ellos evitar los abortos no es lo más importante.

Por lo que respecta a las feministas, sabemos que el aborto voluntario implica una intervención médica con riesgo para la mujer embarazada por lo que lo mejor desde el punto de vista de la salud de las mujeres es trabajar para que su uso descienda al máximo. Aun así, debemos ser conscientes de que es imposible imaginar una sociedad sin aborto porque, sea la que sea la información de que se disponga o los medios anticonceptivos, siempre habrá un fallo, un olvido, un cambio en las circunstancias vitales. Hoy sabemos gracias a la antropología y a la demografía  que el aborto es un fenómeno universal que se ha practicado en todas las épocas históricas. Sabemos que se practica incluso cuando existen métodos efectivos de control de la reproducción y sabemos también que, en contra de lo que a veces tiende a creerse, la práctica del aborto no depende fundamentalmente de los avances tecnológicos, sino de cambios en las relaciones sociales de género y en las condiciones materiales. Pero sobre todo, sabemos que su uso no ha dependido nunca de la consideración social o legal que mereciera en cada periodo. Los demógrafos han demostrado que que las mujeres han controlado su natalidad (aborto incluido) incluso cuando estaba penado con la muerte.  ( Katz y Stern 1980: 242[11])

Los límites de la ley

El debate ético/político se plantea hoy en torno al estatus moral del feto y, como consecuencia de éste, al  posible conflicto de derechos entre aquél y la mujer embarazada. ¿Cuándo es el feto digno de consideración moral? ¿Es el feto una persona con derechos? Y, si es así, ¿cómo resolver el conflicto entre los derechos de aquél y los de la mujer embarazada? Décadas de discusión respecto a este asunto no han llevado a resolución alguna. Nosotras pensamos que entrar en esta discusión es un error y que no es un adecuado punto de partida porque, además de que  es un debate repleto de incoherencias internas, así planteado no tiene solución.

Los más conservadores afirman que es la mera concepción lo que determina la diferencia entre lo humano y lo no humano: en el momento de la concepción la esencia humana está plena en el feto que es, por tanto, una persona con los mismos derechos que otra. Esto, en realidad, es una cuestión de fe pues ni la ciencia avala esa suposición, ni lo hace tampoco el sentido común y ni siquiera la tradición cristiana ha sostenido esta postura[12]. El aborto es una práctica tan antigua como la humanidad casi. Debió aparecer en el momento mismo en el que las mujeres se hicieron   conscientes de los mecanismos biológicos del embarazo y de sí mismas. Por tanto desde que el ser humano es tal. Lo cierto es que a lo largo de la historia las mujeres nunca han tenido conflictos éticos respecto al aborto, nunca. Han tenido conflictos sociales o legales, pero no morales. Las mujeres siempre han sabido que lo que estaba en juego era, primero su cuerpo y su vida, y después su responsabilidad con el nacido y con sus otros hijos ya nacidos. El aborto como conflicto ético nace en el siglo XIX como consecuencia de un proceso social que tiene a la clase médica (Luker 1985) y se reproduce como conflicto político en los 80 como reacción a los éxitos feministas de los 60 y 70 (Smith, S. 2005). A lo largo de la historia el estatus del embrión siempre ha sido considerado más o menos el mismo, una vida humana en potencia, un bien merecedor de cierta protección, pero nunca se ha considerado desde ningún punto de vista que un feto  -mucho menos un embrión- sea igual a un ser humano. Nunca antes los “derechos del feto” habían sido considerados un tema de debate. Los intentos de poner nombre a los no nacidos, dotarlos de entidad personal, jurídica, llevar un registro de “su muerte” [13] etc. constituyen en realidad una peligrosa novedad que está imponiendo un punto de vista muy peligroso en está cuestión.

Muchos de quienes opinan el embrión es persona completa desde el  mismo de su concepción y por tanto el aborto es un homicidio, suelen hacer una excepción con el caso en que peligre la vida de la madre. Plantean que existe, en este caso, un conflicto con el derecho a la vida de la mujer embarazada puesto que también ella es una persona. La mujer puede abortar para conservar su vida, pero aquí surge otra pregunta clave: ¿qué vida? ¿qué es exactamente una amenaza para la vida de la mujer?  No se sabe si estamos hablando de la vida física sin más, de una vida libre de enfermedades que producen discapacidad, de una vida libre de enfermedades mentales o psicológicas, de una vida libre de angustias, de una vida en libertad o de una vida que valga lo mismo y tenga la mismas oportunidades que tienen los hombres.  Nancy Davis (2002)  argumenta de manera convincente que la mujer se practica un aborto como forma de autodefensa de lo que ella considera que es su vida y que si los derechos de la mujer tienen la suficiente fuerza para justificar el aborto cuando se practica para conservar la vida, entonces también pueden justificarlo en otros casos en los que también estamos hablando de la vida.

Aquellas legislaciones que prohíben el aborto incluso cuando peligra la vida de la madre es obvio que en realidad no consideran que las mujeres sean personas tan valiosas como el feto, lo que en algunos casos puede contradecirse con aquellas de sus leyes que proclaman la igualdad entre todos sus ciudadanos/as con independencia de su sexo. Cuando se da esta situación legal, la mujer es considerada una mera portadora, un cuerpo al completo servicio de otro que es aún sólo un proyecto; un ser humano cuyo valor como tal parece quedar “en suspenso” como si se tratara de una condena penal,  durante los nueve meses de embarazo, prevaleciendo en este caso el derecho a la vida de un ser no nacido sobre el suyo. Como afirmaba la norteamericana (y republicana por cierto) Marjorie Bell Chambers, respecto al tan mentado derecho a la vida del feto: “parece que todos los seres humanos tienen derecho a la vida…, excepto las mujeres embarazadas”. El cuerpo de la mujer aquí se hace transparente, se le vacía de voluntad, se le atraviesa por un poder externo a ella, se convierte en algo inerme; se ignoran los derechos de una vida ya construida,  inmersa en una historia personal, para imponer sobre ella un mandato social patriarcal.

Afortunadamente, son pocos los países que consideran que la vida del feto no puede ponerse en peligro en ningún caso, aunque varios países latinoamericanos [14] se encuentran en esta situación sin que la comunidad internacional los haya denunciado adecuadamente. Un país que sitúa la vida de los no nacidos por encima de las mujeres que los gestan, no tiene más respeto democrático por su población femenina que el que puede tener Arabia Saudí o Afganistán. Esta postura es radicalmente contraria a la vida desde el puro sentido común y desde la más elemental  lógica democrática,  y no merece muchos más comentarios.

Más consenso genera y más extendida está una segunda postura que, aun asegurando también que el feto es vida humana completa desde el momento de su concepción, admite, además de la excepción del peligro a la vida de la madre, alguna otra. Las más extendidas son: malformaciones fetales o que el embarazo sea producto de una violación. A pesar de que las dos segundas consideraciones son las habitualmente más admitidas, las dos pueden problematizarse desde un punto de vista ético, moral e incluso desde un punto de vista feminista. Lo que queremos argumentar es que, en realidad, dichas excepciones se admiten para permitir “un escape” a las mujeres -y no sólo a las mujeres- en situaciones verdaderamente dramáticas, de manera que la prohibición del aborto no se haga literalmente insoportable para el sentido común, pero no porque -desde su propia coherencia interna y desde otras lógicas- dichas excepciones tengan sentido moral. Digámoslo claramente, se concede a las mujeres -y a los hombres, como luego veremos- este pequeño respiradero para que no se ahoguen y para que el aborto en sí pueda seguir prohibido.

Si nos referimos al supuesto derecho al aborto en caso de que el feto sufra malformaciones o esté gravemente enfermo, lo cierto es que desde el punto de vista de quienes consideran que el feto es una persona completa y que abortar es un asesinato, esta acción sumaría al crimen de aborto el crimen de eugenesia. De hecho es un aborto eugenésico y así se llama. Desde el punto de vista conservador o antiabortista aceptar esta excepción a la prohibición general es incoherente con el resto de su discurso a no ser que asuman que están de acuerdo con las teorías eugenésicas de mejora de la raza y que la eliminación de los “fetos defectuosos” es un mal menor frente al mal absoluto que sería, en este caso, el nacimiento de niños discapacitados.

Desde el punto de vista progresista, en España y en el resto de Europa las asociaciones de personas con discapacidad que luchan cotidianamente por su integración social y por una vida libre de discriminaciones vienen protestando reiteradamente  por el hecho de que este tipo de aborto esté recogido como una excepción a la prohibición general de abortar. Una de las autoras de este artículo es una persona discapacitada que está de acuerdo con estas protestas. Si el aborto está prohibido porque es considerado un mal, permitirlo en caso de que el feto tenga una discapacidad lo que está haciendo es mandar a la sociedad el mensaje claro de que las personas con discapacidad valen menos que las personas sin ella, son prescindibles. Por supuesto que pensamos que una mujer tiene derecho a abortar ante la posibilidad de tener un hijo con discapacidad; una mujer tiene derecho a abortar cuando piense que no quiere continuar con su embarazo, las razones son suyas. Pero una sociedad civilizada, democrática, igualitaria y que pretende ser inclusiva con las personas más vulnerables no puede en ningún caso clasificar a los fetos como “valiosos” o “prescindibles”.

La consideración de las personas con discapacidad como prescindibles, o más prescindibles que las otras está tan arraigada socialmente que nadie piensa que esta excepción a la prohibición general del aborto sea injusta o éticamente injustificable. Desde nuestro punto de vista el estado no es quien para decidir qué feto vale más o menos, sólo cada mujer puede decidir con qué embarazo quiere continuar y con cuál no, sin más explicaciones que son, en este caso, socialmente discriminatorias y opresivas para las personas con discapacidad. La prohibición general del aborto, junto a la permisividad del aborto eugenésico contribuye a mantener un conjunto de juicios sobre las personas con discapacidad que dificultarán sus vidas (Bayley, R. 1996: 169-185) Desde el punto de vista progresista esta excepción es éticamente inaceptable. La única posibilidad que se abre para cerrar el debate en este punto concreto es que el aborto sea libre.

En cuanto a la segunda excepción, permitir el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, se trata de una cuestión que responde a consideraciones patriarcales que hoy no resisten un análisis serio y que, aun así, siguen siendo utilizadas cotidianamente. Si el embrión es una persona en todos los aspectos moralmente relevantes y el aborto es, por tanto, un homicidio, entonces lógicamente no puede haber diferencia entre unos embriones y otros, sea cual sea la causa del embarazo. Asumir la prohibición general de abortar y hacer una excepción en el caso de que el embarazo sea causado por una violación supone que se está haciendo al feto culpable de la misma. ¿Qué diferencia hay, si lo que cuenta es su estatus moral, entre un feto producto de una violación y otro cualquiera?  La realidad es que si se  permite abortar cuando el embarazo es fruto de una violación esto es  porque se sigue considerando que la violación no es un atentado a la dignidad y libertad de las mujeres, sino a la “propiedad” de los hombres. Es la propiedad de un hombre lo que otro ha violado y por eso se permite que el fruto de ese atentado desaparezca. Si el aborto fruto de una violación estuviera prohibido y la mujer obligada a darle a luz… ¿qué pasaría después con ese niño? ¿Llevaría los apellidos del marido de la mujer violada? ¿Heredaría sus bienes? ¿Se uniría en igualdad con la prole legítima? ¿Viviría para recordar al hombre-marido-padre que su mujer fue violada? Esta es la razón de esta otra excepción a la que casi nadie se opone; una excepción que vuelve a ser incoherente y a contradecir radicalmente el carácter de persona completa que le atribuyen al feto. No es la preocupación por las mujeres lo que permite que el embrión fruto de violación pueda ser abortado, sino la preocupación por el “honor” y la propiedad de los hombres.

El estatus del feto vs. la autonomía de las mujeres

Las leyes de plazos son las soluciones adoptadas por la mayoría de los países europeos para abordar el aborto. Estas leyes tratan de conjugar la libertad y la autonomía de las mujeres con una cierta consideración biológica. A pesar de que es, obviamente, una legislación mucho más favorable para las mujeres que las leyes restrictivas sigue, no obstante, planteando problemas lógicos y de coherencia interna. Los plazos no son sino  una manera de enmascarar el verdadero debate: ¿quién puede decidir por las mujeres?

La consideración misma de “plazo”, es problemática: ¿qué plazo? ¿Por qué hasta determinado momento el embrión no es humano y a partir de un momento si lo es y puede imponer su derecho a la vida sobre el derecho de la mujer a su autonomía? ¿quién fija esos plazos? ¿con qué criterio? Un plazo siempre será irreal: ¿un feto de cuatro meses no es una persona y otro de cuatro meses y un día sí? Últimamente se pretende utilizar como criterio el de la viabilidad del feto, pero   respecto a esto nos podemos encontrar -y nos encontraremos en el futuro- con fetos viables cada vez más tempranamente; incluso podría llegar el momento en que embriones muy prematuros pudieran desarrollarse en úteros artificiales fuera de la madre.  En la Italia de Berlusconi, donde el aborto es legal hace décadas alguien ha propuesto que después de practicado el aborto se intente mantener al feto con vida en cualquier caso. Nos encontraríamos entonces con mujeres “obligadas” a ser madres aun cuando la ley les ha permitido interrumpir su embarazo.

La discusión acerca del estatus moral del feto conduce a un callejón sin salida incluso en el caso de que se quiera argumentar a favor del derecho al aborto. Tooley (1983), o Warren (1995: 195) por ejemplo intentan argumentar que el embrión y el feto carecen de estatus moral porque no poseen las características que definen a una persona. Aquí no se cuestiona la humanidad biológica del feto (que es obvio que la tiene: es humano, si no ¿qué es?) sino la identificación automática de lo humano con lo moral. Según estos autores para que un ser determinado posea derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, debe tener conciencia de sí mismo, que es la característica propiamente humana que un feto no tiene. Este argumento es, de nuevo, éticamente cuestionable y muy frágil en sí mismo. Los embriones o los fetos no tienen, obviamente, autoconciencia, pero tampoco la tienen los recién nacidos, algunos enfermos, personas en coma o en situación de inconsciencia permanente…¿Es lícito eliminarlos?

Pensamos, por tanto, que entrar a debatir el estatus moral del feto nos conduce a un callejón sin salida. El único criterio que puede salvar las contradicciones del debate, el único que debería imponerse, es el de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, su propia agencia moral, su plena ciudadanía sexual y su responsabilidad que, por cierto es lo que ocurre ya  “de facto” en muchos países. ¿Quiere esto decir que todos los abortos son iguales? ¿Que todos tendrían la misma calificación moral?  No.  Es posible pensar que hay abortos inmorales y defender, al mismo tiempo, que es un acto que no debe tener consecuencias penales. Muchas actuaciones inmorales no están prohibidas por la lay porque hacerlo sería más perjudicial para el “bien común” que dejarlas en la ilegalidad. Las leyes son generales y no atienden casos particulares, y respecto al aborto, la casuística es fundamental a la hora del juicio que merezca el acto. Se trata de buscar un bien general: es mejor imponer la prevalencia de los derechos básicos de las mujeres sobre la protección a seres que aun no han nacido; finalmente, sólo la propia mujer es capaz de autoevaluar la magnitud del conflicto.  Es decir, que haya casos particulares moralmente reprobables no quiere decir que haya que “proteger a la sociedad” de la libertad y agencia moral de las mujeres.

Un nuevo enfoque: reencontrar a las mujeres perdidas en el debate

Todo lo dicho hasta este momento sirve también para demostrar que la discusión acerca del estatus moral del feto oculta la discusión sobre el estatus de las mujeres. Las mujeres parecen desaparecidas en el debate sobre el aborto. Permitiendo a las mujeres ocupar en el debate el espacio que les corresponde es posible cambiar el tono y el contenido del mismo. En este sentido resulta imprescindible el artículo de J. Thomson (2001: 187-208)  en el que sostiene de manera convincente que aun admitiendo el derecho a la vida del feto, eso no llevaría de manera automática a concluir que la mujer embarazada tenga que llevar a término su embarazo. Lo que Thomson argumenta es que el derecho a la vida del feto  no garantiza que dicho derecho se superponga al derecho a la vida de la mujer. Efectivamente, si arrancamos del inconsciente colectico la idea de que la madre se debe a su hijo, veremos que sólo en este caso se obliga legalmente a un ser humano a poner su vida a disposición de otro y volvemos a recordar las palabras de Marjorie Chambers: las mujeres retroceden al estatus de simples portadoras biológicas de otra vida durante los meses del embarazo. Si nadie está obligado por la ley a salvar a nadie a costa de su propia integridad corporal, si a nadie se le exige, no ya a arriesgar la vida, sino siquiera ponerse en peligro, para salvar a otro, ¿por qué se supone que la mujer está obligada a hacerlo con el feto a no ser que más allá de cualquier otra consideración de autoprotección o autodefensa esté presente en el inconsciente colectivo su obligación de género? Únicamente la mujer involucrada está en condiciones de saber exactamente qué significa una maternidad no deseada en su propia vida. El feto existe sólo a través del cuerpo de las mujeres, su existencia depende de la voluntad de ella, y esto sí es un hecho. Por eso el aborto no puede considerarse moralmente bueno o malo en abstracto, sino que en cada ocasión particular es la propia mujer la única que puede tomar en consideración todos los factores que son o no moralmente relevantes para ella. La ley sólo debería asegurar que cada mujer pudiera tomar sus propias decisiones en libertad y sin coacciones y a partir de ahí, poner a su disposición los medios para que su decisión pudiera ser efectiva, tanto si decide interrumpir el embarazo, como si decide continuar con él.  Como hemos dicho, eso no quiere decir que las mujeres lleguen siempre a la decisión correcta o moralmente adecuada, pero lo que es  inadmisible, y debería ser legalmente imposible, es lo contrario: obligar a una mujer a ser madre sin su consentimiento es tan malo como obligarla a abortar: ambas situaciones son violaciones de su voluntad, de su integridad corporal, de su capacidad de autodeterminación, del mandato de igualdad entre mujeres y hombres que muchas sociedades se imponen a sí mismas.

El aborto: un derecho social

Como feministas de izquierdas no podemos quedarnos en la mera reivindicación  del aborto formulado como derecho a elegir individualmente y esto es así porque la libertad reproductiva es social e individual al mismo tiempo (Gimeno, 2009). La reproducción opera en nuestros cuerpos, pero opera también en el corazón de la vida social. Un análisis coherente de la libertad reproductiva requiere una perspectiva en dos niveles. Por una parte, defendemos el derecho de las mujeres a controlar plenamente su reproducción, a gozar de autonomía corporal plena. Pero, al mismo tiempo, tenemos que luchar por una sociedad en la que la responsabilidad de la contracepción, procreación y crianza no recaiga exclusivamente sobre las mujeres. Si bien son las mujeres las que se quedan embarazadas, la cuestión de cuándo, cómo, en qué circunstancias y con qué objeto deben ser tomadas las decisiones reproductivas, eso es una cuestión social.

Desde el punto de vista liberal se ha defendido en ocasiones el aborto como algo que atañe tan sólo  a la privacidad y autodeterminación de las mujeres[15]. Desde un punto de vista socialista este punto de vista es inadmisible. No es sólo que se reconozca a las mujeres la capacidad para abortar, la cual es en cualquier caso imprescindible, sino que igualmente importante son para las mujeres las circunstancias en las que se produce el aborto.

Pudiera ocurrir que en sociedades en las que imperen políticas neoliberales junto con leyes de aborto más o menos permisivas, se llegara al caso de que las mujeres se vieran “obligadas” a abortar aun queriendo tener un  hijo. De alguna manera esto es lo que ya está sucediendo en algunos países europeos, como España, donde la tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo y las mujeres sólo tienen un hijo de media, cuando las encuestas demuestran que les gustaría tener al menos dos. Y ese deseo frustrado se combina con altas tasas de abortos, como hemos visto. Son además las más pobres las que menos hijos tienen y las que más recurren al aborto. En los países desarrollados tener hijos se está convirtiendo en un privilegio y esta tendencia seguirá en ascenso si no se combaten socialmente algunas de las causas que llevan a las mujeres a abortar.

Y aquí es donde el argumento es circular y volvemos al primer punto de nuestra exposición; son los antiabortistas, que tanto se preocupan por la suerte de los no nacidos, los que se permiten ignorar las condiciones de los nacidos y suelen ser también los más contrarios a los derechos laborales y sociales para las mujeres embarazadas,  a los derechos sanitarios universales y de calidad,  a proporcionar educación gratuita y oportunidades para todos los niños y niñas. La frase de “salvemos los fetos” permite hacer el suficiente ruido como para distraer del hecho de que estos fetos salvados nacen en sociedades incapaces de proporcionarles los cuidados necesarios o las mínimas oportunidades. Pese a su discurso sobre los “derechos del feto” los antiabortistas son biologicistas que no defienden, en realidad, los derechos de nadie. Al ignorar las causas que conducen a las mujeres al aborto y al negarse a combatirlas o a paliarlas, más que defender la vida, lo que hacen los antiabortista es banalizarla. Sin embargo, los conservadores han encontrado en esta causa su propia causa social. Al fin y al cabo es mucho más barato ocuparse del feto que de los niños nacidos, porque los fetos no requieren cuidados ni servicios, así que esto permite a los conservadores distraer la atención de la necesidad de desarrollar políticas sociales. Antes de nacer el embrión tiene derecho a todo, incluso en casos extremos a matar a su madre; después de nacer el niño no tiene derecho a disfrutar siquiera de un bienestar básico.  Pensamos por eso que la argumentación favorable al aborto que se basa únicamente en el derecho a la privacidad está vacía de contenido.

Conclusión:

El debate social, ético y político sobre el aborto, tal como está planteado y en el punto al que lo han conducido los antiabortistas está planteado como un debate de creencias. Como todos los debates éticos: la eutanasia, la utilización de células madre, la homosexualidad…se trata de un debate profundamente ideológico y por tanto sin solución de verdad absoluta y eterna, mejor dicho, con la única solución del  consenso social y político. Las bases ideológicas y cambiantes de la ciencia son bien conocidas y denunciadas y no merece la pena volver sobre ello. La homosexualidad fue una enfermedad hasta que dejó de serlo, la mujer fue científicamente inferior al hombre hasta que dejó de serlo. Las mujeres feministas, en la cuestión del aborto, debemos abandonar la discusión supuestamente científica para entrar de lleno, sin miedo, en la discusión ideológica de manera que consigamos crear una opinión favorable a nuestras tesis y finalmente, el consenso social necesario para que en los países democráticos se terminen reconociendo nuestros derechos básicos.

Por otra parte, si  no se dan las condiciones mínimas de justicia social: ayuda a las madres, ayuda a los recién nacidos, sanidad y educación gratuitas, corresponsabilidad masculina en todo el proceso de crianza de los hijos etc. entonces las mujeres pueden verse obligadas a abortar aun en contra de su deseo. El aborto es algo que atañe a las mujeres pero es una decisión que deben poder tomar en condiciones de justicia social y de justicia de género. Nos encontramos inmersas en un mundo en el que la política neoliberal niega a las mujeres las condiciones mínimas necesarias para que puedan tener los hijos que desean y también pretende negarles, en la mayoría de los casos, el derecho a no tenerlos. Por el contrario, si entendemos el aborto como un derecho social, entenderemos también la obligación por parte de la sociedad en su conjunto de garantizar que su ejercicio sea efectivo y que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. Si no superamos el estadio meramente individual de la cuestión, el derecho al aborto puede terminar siendo contraproducente para las mujeres más vulnerables. Finalmene pensamos que es imprescindible mantener en la agenda feminista la necesidad del cambio social con la misma intensidad que el derecho al aborto libre.

Artículo de Beatriz Gimeno y Violeta Barrientos.

Publicado en la revista Nomadías