Al gobierno de la Comunidad de Madrid le pareció bien gastarse 60.000 euros para espiar a sus compañeros de partido del Ayuntamiento. El objetivo no se sabe muy bien cual era, aunque tiene que ver con corruptelas por aclarar relacionadas con Ignacio González, vicepresidente regional. Puede que no esté muy claro para qué se hicieron los espionajes, pero el dinero para esta operación ridícula sí que se sabe de dónde salió, de nuestros bolsillos, era dinero público.
La Comunidad no se limitó a contratar a unos detectives sino que los puso en nómina, ¡y vaya nóminas! De los cinco agentes imputados el jefe, Sergio Gamón, tenía una nómina de 90.000 euros al año; los tres asesores del consejero de Interior Francisco Granados cobraban casi 60.000 euros (y lo siguen haciendo porque no han sido despedidos), mientras el empleado de la Dirección General de Seguridad José Manuel Pinto ingresaba unos 40.000. Además, la Consejería de Interior compró unos meses antes de que comenzaran los seguimientos dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238 kilómetros por hora valoradas en 14.000 euros. El consejero Granados, dijo que las motos se utilizan para “el traslado de correspondencia”, pero más bien cabe pensar que el consejero se ha pasado con las películas de James Bond.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez Carmen Valcarce que reabra la causa porque ve indicios de malversación de fondos. Hay que recordar también que el caso se cerró no porque no hubiera pruebas suficientes de la existencia del espionaje o de agentes en nómina de la comunidad dedicados a estas tareas, sino porque existía dificultad en la fijación del importe de lo defraudado. Ahora la Audiencia señala que dificultad no quiere decir impunidad.
El gobierno de la Comunidad se ha puesto muy nervioso y su estrategia es acusar a una de las juezas de ser hermana de Cristina Almeida y, por tanto, socialista, luego al parecer incapaz de ejercer como jueza. Al vicepresidente regional, Ignacio Gonzalez, se le olvida decir que los otros dos jueces que forman la terna que ha ordenado la reapertura del caso son conservadores y familiares también de algún alto cargo nombrado por Aguirre.
Así que el objetivo de Esperanza Aguirre es incapacitar a los jueces y juezas que sean familiares cercanos, o lejanos, de personas progresistas, así como a todos los que sean socialistas, o simplemente progresistas ellos mismos. Esa es la solución que se le ha ocurrido para no seguir perdiendo en los tribunales todos sus contenciosos como el que mantiene, por ejemplo, con los sindicatos. Al gobierno de la Comunidad de Madrid le parece injusto e inconcebible que existan jueces que no sean del Partido Popular y ha decidido encarar el problema con la claridad y determinación que le caracteriza. No se puede ser juez, socialista, hermana de socialista y pretender, además, aplicar la ley a alguien del PP. Es la teoría de Berlusconi, según la cual cualquier juez que intente aplicarle la ley a él es comunista y en qué cabeza cabe, y en qué país se ha visto, que los comunistas puedan ser jueces.
Publicado en Madrilonia
Beatriz Gimeno 