Ahora sí


El día del discurso de investidura, casi al final, mientras Zapatero hablaba, me llamó un compañero de Valencia: “¿Lo has oído?”, “Si, lo acabo de oir”. Después se me acumularon los mensajes y las llamadas. Yo misma llamé a varias personas de mi organización y a varios amigos. “¿Lo has oido?”… “Ha llegado también el momento de poner fin a las intolerables discriminaciones que aun padecen muchos españoles por razón de su preferencia sexual. Homosexuales y transexuales merecen la misma consideración que los heterosexuales y tienen derecho a vivir libremente la vida que han elegido. Modificaremos el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio.” Por primera vez, el derecho a nuestra igualdad se nombraba como un asunto de gobierno; ahí estaba. La posibilidad de la igualdad legal para homosexuales y transexuales, la plena ciudadanía, aparecía en nuestro horizonte inmediato, entre los compromisos de un presidente que parece empeñado en cumplir sus promesas. Por supuesto que la consecución del matrimonio no acabará con la situación de discriminación social que padecemos gays y lesbianas de la misma manera que el derecho al voto de las mujeres no acabó con la discriminación que padecían y que aun padecemos las mujeres; erradicar la homofobia de una cultura profundamente homófoba requerirá siglos, pero disfrutar de ciudadanía plena, de igualdad legal, es un paso imprescindible.  Me contaba el otro día una periodista francesa que me hizo una entrevista para el diario “Liberation” que en Francia se concede una importancia extraordinaria a la ley de matrimonio civil porque, siendo una de las primeras leyes emanadas de la revolución, simbolizaba, entre otras cosas, la igualdad legal de todos los franceses. Hasta ese momento judíos y otras minorías no disfrutaban de igualdad en el acceso a esta institución. El derecho a contraer matrimonio en igualdad se convirtió, así, en el signo de ciudadanía plena. El matrimonio es un derecho fundamental recogido y protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la mayoría de las Constituciones. Es una institución milenaria que, sin embargo, ha cambiado profundamente a lo largo de los siglos. Se ha democratizado y a él se han ido incorporando grupos sociales privados anteriormente de éste y otros derechos: los esclavos, los siervos, las mujeres, las minorías raciales o religiosas, han tenido vetado en algún momento su acceso al matrimonio en igualdad de obligaciones y derechos. De hecho, el derecho al matrimonio libremente contraído ha sido uno de los primeros derechos que se han restringido cuando se ha querido privar a un grupo de su ciudadanía. Lo hicieron los nazis con los judíos, se hizo con los esclavos negros recién liberados al prohibir los matrimonios interraciales, y la evolución del derecho al matrimonio en igualdad para las mujeres discurre en paralelo a su lucha por la plena ciudadanía. En este momento, sólo los gays y lesbianas tenemos prohibido casarnos con las personas que elegimos sobre la base del amor, la solidaridad y el apoyo recíprocos. Solo nosotros y nosotras tenemos prohibido acceder a la firma de ese contrato que otorga obligaciones, pero también importantes derechos; sólo nosotros encontramos restricciones para ofrecer a nuestros hijos esa cobertura legal, el mismo nivel de protección del que gozan los demás niños. En este sentido, no está de más recordar que la homosexualidad no es causa de esterilidad, ni impedimento legal para adoptar, ni para acceder a la inseminación artificial, por lo que gays y lesbianas tenemos (y tendremos muchos más en el futuro) hijos e hijas que tienen derecho a vivir en una familia tan protegida legal y socialmente como cualquier otra.

La Federación que presido agrupa a la mayoría de las asociaciones homosexuales y transexuales de este país y hace ya varios años que abandonó la reivindicación de una ley de parejas de hecho, por considerarla discriminatoria, y concentró sus esfuerzos en exigir igualdad legal plena, esto es, matrimonio con todos los derechos y obligaciones inherentes. Esta estrategia ha dado sus frutos. Durante todos estos años en los que la derecha ha gobernado nosotros hemos estado haciendo esa “pedagogía social” de la que hablaba Zapatero. Hemos tenido que convencer primero a nuestros propios militantes de que no podíamos pedir otra cosa que no fuera la igualdad total y absoluta, nada de leyes de segunda para ciudadanos de segunda;  y hemos tenido que convencer también a los políticos, a los que hemos tenido que explicar que no vamos a conformarnos con un sucedáneo. En el camino hemos convencido a la sociedad que, mayoritariamente, aprueba nuestra demanda y que está tan acostumbrada a encontrarse con todos los términos mezclados en los medios de comunicación (“matrimonio, ley de parejas, ley de uniones de hecho, registros de parejas…”) que, según las encuestas, una mayoría social cree  -y le parece bien-  que ya nos podemos casar. A estas alturas creo que no es necesario repetir que exigimos el derecho y que asumiremos también los deberes; que exigimos el derecho, aunque sea para no ejercerlo; exigimos igualdad, como no puede ser de otra manera.

En la anterior legislatura por dos veces se votó una ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio en el Congreso de los Diputados y sólo el Partido Popular se opuso. Partidos nada sospechosos de izquierdistas, como PNV, CiU, o C.C votaron a favor. Y estoy segura de que si el Partido Popular, equivocándose en esto como en tantas cosas, hubiera dejado libertad de voto a sus diputados, muchos de estos también se hubieran pronunciado a favor de dicha modificación. No son pocos los cargos públicos del Partido Popular que, a lo largo de todos estos años de trabajo, me han confesado que si no fuera por la obligada disciplina, votarían a favor de nuestra igualdad. Porque tienen hijos que son gays o lesbianas, o primos, o vecinos, o amigos; porque lo es su chofer, su cocinero o su secretaria o porque son demócratas convencidos que piensan que el derecho de ciudadanía no se le puede restringir a nadie. Y también, por supuesto, porque hay diputados y diputadas del Partido Popular, y de cualquier otro partido,  que son gays o lesbianas; porque ha habido y hay ministros, alcaldesas, directores generales, secretarias de estado…gays y lesbianas. Así lo ha entendido la derecha liberal en los países del norte de Europa, que no ha tenido ningún problema en asumir que el matrimonio entre parejas del mismo sexo es una cuestión que atañe al derecho de ciudadanía democrática. Así lo han entendido también cada vez más tribunales de justicia en todo el mundo cuando la cuestión se plantea judicialmente, quizá porque los jueces no tienen tanto miedo como los políticos a los grupos de presión relacionados con la jerarquía eclesiástica. Así lo entendió también el Tribunal Supremo de Massachussets cuando afirmó en una reciente sentencia algo tan simple y al mismo tiempo tan revolucionario como que no hay ninguna razón que justifique excluir a dos ciudadanos de la firma de un contrato civil en virtud del cual el estado ofrece beneficios y exige deberes.

No quiero terminar este artículo sin recordar también la promesa de Zapatero respecto a los derechos de las personas transexuales, derechos que incluyen desde la ley del derecho a la identidad sexual que vienen reclamando, hasta todo tipo de medidas que ayuden a estas personas a conseguir la integración social que necesitan y merecen. Si en el caso de los derechos de gays y lesbianas se utilizan argumentos morales y religiosos no hay absolutamente ningún argumento, que no sea la pura intolerancia, el fanatismo ciego o el odio hacia el que es diferente para seguir negando a estas personas el reconocimiento de su dignidad plena. En mis años de militancia no he conocido personas más valientes ni con un sentido de la propia dignidad más acusado que las y los transexuales. Su situación no puede esperar ni un solo día más. Todos los que creemos en la dignidad de todas las personas, en la justicia, en la aplicación a la política del sentido común, en el respeto a la diferencia y en la igualdad, sabemos que el lugar que esta sociedad ofrece a las personas transexuales es una herida abierta que tenemos entre todos que cerrar. Sus derechos, así como los de gays y lesbianas, son derechos de todos y de todas y eso es lo que parece que nuestros representantes políticos, excepto el Partido Popular, se están ya tomando en serio. Este año, gays, lesbianas y transexuales, organizaciones sociales, partidos y sindicatos, convocaremos, como siempre, manifestaciones con motivo del Día del Orgullo gay, lésbico y transexual en muchas ciudades españolas. Pero este año será diferente porque nunca hemos tenido tanta esperanza, tanta ilusión. El lema con el que marcharemos, el que queremos que se escuche en todo Madrid, en toda España, es el de “Ahora sí”. Ahora sí lo tenemos muy cerca; Ahora sí la igualdad está a la vuelta de la esquina, ahora sí tenemos derecho a ilusionarnos. Por fin. ¡Ahora sí!

El Mundo. Junio 2004

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