Los derechos de gays, lesbianas y transexuales después de la era Aznar.



La era Aznar termina para el 10% de los ciudadanos y ciudadanas españoles, los que son gays, lesbianas y transexuales, de una manera especialmente amarga. Ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos podido pensar que el retroceso en el camino que emprendimos tras la muerte de Franco hacia una ciudadanía plena pudiera ser, ya en el siglo XXI, tan marcado. Desde la aprobación de la Constitución el avance en el reconocimiento de las personas GLTB (gays, lesbianas, transexuales y bisexuales) ha sido continuo, tanto política como socialmente y tanto en España como en Europa. Y aunque el reconocimiento político de la igualdad legal no ha sido tan rápido como nos hubiera gustado, el reconocimiento social ha sido vertiginoso si tenemos en cuenta que hace apenas 25 años, las personas GLTB eran las portadoras de uno de los más poderosos y antiguos estigmas que unos seres humanos han utilizado contra otros a lo largo de la historia. Si consideramos que a la muerte del dictador éramos no sólo ilegales, sino verdaderos parias sociales, las actuales cotas de aceptación social que disfrutan las reivindicaciones de nuestros derechos, nos parecen casi increíbles. Según las últimas encuestas del C.I.S, casi el 67% de la población española está de acuerdo en que se modifique el Código Civil para que las parejas del mismo sexo tengan acceso al matrimonio, y el derecho de adopción, por razones históricas y culturales, mucho más problemático, va ganando adeptos de manera evidente y continuada hasta situarse en un 52% de la población. Para comprender la importancia de estas cifras baste decir que en Holanda, por ejemplo, país donde ya existe el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, dichas leyes se aprobaron con un porcentaje de aprobación social similar al nuestro. Por tanto, la sociedad española está perfectamente madura y es plenamente consciente de que la última discriminación legal que separa a las personas GLTB de la ciudadanía plena, esto es, el acceso al matrimonio, debe ser eliminada. El PP en su primera legislatura tuvo buen cuidado de mostrar su rostro más derechista ya que era plenamente consciente de que en este, como en otros temas sociales, la sociedad española es progresista y no sigue las integristas doctrinas vaticanas. En la primera legislatura, el PP se comprometió en el Congreso de los Diputados a aprobar en su segunda legislatura una Ley de Parejas de Hecho que reconociera derechos a las parejas del mismo sexo. Precisamente, esta futura ley le ha servido al Partido Popular en dos ocasiones para justificar su voto en contra a dos proposiciones de ley, presentadas por la izquierda, para modificar el Código Civil en el sentido antes explicado. Y si en la primera legislatura, Coalición Canaria y CiU acompañaron el PP en su voto negativo, en la segunda ocasión, en cambio, sólo el partido en el poder vetó la toma en consideración de esta ley. El argumento seguía siendo que ellos presentarían en breve su propuesta. Su propuesta no verá nunca la luz, porque entre la primera y la segunda legislaturas, entre la mayoría simple y la mayoría absoluta, el Partido Popular se ha convertido en un muro contra el que se estrellan todas nuestras exigencias de igualdad. Y esta “bunkerización” en cuanto a la posibilidad de que se produzca algún reconocimiento a los derechos de las personas GLTB coincide con el mayor esfuerzo hecho hasta el momento por la jerarquía de la iglesia católica en contra de que se produzca ningún avance en este sentido. El gobierno de Aznar ha expulsado en este tiempo de su círculo de influencia a cualquier persona que pudiera mantener un talante liberal en temas sociales y lo ha sustituido por personas cercanas o pertenecientes al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo. Con este bagaje ideológico, el gobierno de Aznar ha hecho de la moral católica tradicional uno de sus pilares morales. Desde julio del 2003 existe un documento vaticano que exige a sus fieles la máxima observancia en el asunto de los derechos de las personas GLTB. La iglesia mantenía hasta ahora la hipócrita y farisaica postura de comprensión hacia estas personas al tiempo que negación absoluta al reconocimiento de derechos. Pero debieron pensar que del apoyo personal al apoyo político hay un pequeño trecho y exigieron a sus fieles y seguidores mayor beligerancia. La solidaridad con las personas homosexuales se disipó cuando el nuevo estilo se hizo patente. Se empieza comprendiendo y apoyando y se termina reconociendo derechos, debieron pensar y el resultado es el ya conocido.

El gobierno de Aznar comenzó su visible alejamiento de Europa con un hecho que pasó desapercibido para los ciudadanos españoles en general, pero que tuvo una enorme importancia simbólica. España votó en julio de 2002 en contra de que la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA)  entrara a formar parte del Comité de ONGs de las Naciones Unidas (ECOSOC) con estatus consultivo. La votación resultó escandalosa porque España se alineó en esta votación con El Vaticano y todos los países integristas. Así que, en contra del unánime voto a favor de Europa, Canadá e incluso Estados Unidos, España se alineó con todo los países de lo que se ha llamado la “Santa Alianza”; gobiernos integristas en temas de moral que votan siempre juntos en los foros internacionales en contra de los derechos de las mujeres, del derecho al aborto e incluso al divorcio,  del derecho a la salud sexual, de los derechos de gays y lesbianas etc. Estos países son los integristas católicos como El Vaticano o Nicaragua junto con los integristas musulmanes como Irán, Nigeria o Sudán entre otros. Así que, de manera sigilosa ya que apenas tuvo repercusión en prensa, el gobierno de Aznar, allá por el 2002, ya dejó clara su posición votando en la ONU con países que lapidan a las mujeres adúlteras o que introducen palos en el ano de los homosexuales. Esta postura sólo significó la primera vez de las muchas en las que Aznar se separaría de los países europeos demostrando que no le temblaba el pulso al ponerse del lado de la barbarie.  Después, y esa también es otra constante, mintió. Cuando se le pidieron cuentas por esta votación, cuando desde el Parlamento Europeo se preguntó al gobierno español por esta votación que violaba todos los acuerdos y recomendaciones de la Unión Europea a favor de la igualdad de derechos para las personas GLTB, el ministro de Asuntos Exteriores, Piqué por entonces, mintió descaradamente utilizando argumentos falaces, erigiendo al gobierno de Aznar en el defensor internacional de los derechos de los niños; derechos que, de hacer caso al ministro, todos los países europeos, más Estados Unidos, más Canadá, habrían descuidado.

Esta votación pasó desapercibida en España, pero a las asociaciones de lesbianas, gays y transexuales nos dio la medida del cambio hacia el integrismo, del definitivo alejamiento del famoso centro, que el gobierno de Aznar estaba dispuesto a encabezar sin ningún complejo. Desde entonces, el partido popular ha ignorado sistemáticamente todas las recomendaciones y todas las directivas que emanan de la Unión Europea en materia de derechos para las personas GLTB y ya son varias las decisiones europeas a favor del fin de la discriminación por orientación e identidad sexual. En este tema, el gobierno Aznar sigue también a Bush, empeñado en modificar la constitución de los Estados Unidos de manera que el matrimonio quede fijado para siempre como la unión entre un hombre y una mujer.

Las personas GLTB hemos ido consiguiendo derechos en aquellas comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular. Especialmente importantes son las Leyes de Pareja aprobadas en Navarra y Euskadi, pues ambas reconocen incluso el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción de niños. Estas leyes no hacen sino acabar con la doble moral de nuestra actual ley de adopciones, que permite adoptar a personas homosexuales y transexuales, pero que les impide adoptar en pareja, con lo que es el niño el que queda desprotegido. Además, como siempre, el Partido Popular prefiere cerrar los ojos a la realidad de que ya hay miles de parejas gays y lesbianas que tienen hijos; que gays y lesbianas no somos estériles y que, además, podemos tener hijos y adoptarlos, y que lo estamos haciendo. Por tanto, todas las normas que impiden que nuestras familias gocen del máximo amparo legal lo único que hacen es repercutir negativamente en el derecho a la igualdad de nuestros hijos e hijas.  El Partido Popular se apresuró a recurrir los artículos relativos a la adopción ante el Tribunal Constitucional, demostrando así no sólo su falta de voluntad para legislar sobre nuestra igualdad legal, sino su beligerancia en este tema. En estos cuatro últimos años, el Partido Popular ha consolidado un sistema de “apartheid” invisible que nos margina en la protección de nuestras familias y nuestros hijos, en el acceso a una pensión, el derecho a una herencia, a la cobertura de la seguridad social, a la nacionalidad de nuestras parejas… derechos de los que goza cualquier pareja heterosexual que acceda al matrimonio. Lo mismo ha ocurrido con los derechos de las personas transexuales. El Partido Popular ha bloqueado todas las propuestas para que este colectivo, fuertemente discriminado y estigmatizado socialmente, pudiera escapar del callejón sin salida que conduce a la prostitución a las mujeres transexuales como única forma posible de ganarse la vida.

Y si estamos seguros de que la discriminación legal acabará cuando haya un gobierno de izquierdas, no podemos decir lo mismo de la discriminación social, mucho más anclada en el subconsciente colectivo de todos nosotros y por tanto mucho más difícil de erradicar. Las políticas sociales y educativas tiene un papel clave en este sentido y lo que constatamos es una ausencia de medidas en este terreno; es más, la reforma educativa del PP, por poner un ejemplo, con la obligatoriedad de la religión, va a suponer una absoluta involución en la formación, en los valores que se van a enseñar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro. El gobierno del Partido Popular no sólo no tiene ninguna intención de dar a sus ciudadanos una formación en espíritu cívico y democrático, sino que tiene previsto convertir cada clase en un púlpito desde el que nuestros hijos tengan que escuchar la voz de la una institución que ha hecho de la homofobia y de la discriminación de los ciudadanos gays, lesbianas y transexuales, casi un dogma.

La intolerancia y la cerrazón del Partido Popular han conseguido que la mayoría de las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales de este país, conscientes de lo que nos jugamos, se unan en una Federación Estatal que represente y ponga voz a ese 10% de la población española. En apenas dos años la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) se ha convertido en una de las organizaciones sociales más activas y con mayor presencia mediática y social. Eso no ha bastado para que el Partido Popular se haga eco de esta posición y Aznar se ha negado en redondo a recibir a ninguno de nuestros representantes. Este mero hecho es ya preocupante, pero debemos apuntar que la negativa a dialogar ha venido acompañada de un denigrante tratamiento en las ayudas que reciben las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que representan los intereses legítimos de nuestro sector social. A pesar de ello nuestro mensaje de respeto a la diversidad y exigencia de igualdad legal ha llegado a la sociedad y avanza cada día más; ahí están las multitudinarias manifestaciones de reivindicación y visibilidad que cada año convocamos con motivo del Orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual.

Y finalmente, en los último cuatro años ha habido no sólo una negativa firme a avanzar siquiera minimamente en la igualdad que reclamamos, sino que ante nuestras acciones de reivindicación social y política, el Partido Popular reacciona cada vez con mayor virulencia. Ya ni siquiera guardan las formas.  En los debates parlamentarios nos han insultado; han tratado de prohibir nuestro derecho a reivindicar los derechos constitucionales el pasado día 6 de diciembre dejando en evidencia los Tribunales su autoritaria actitud; el vocero gubernamental nos acusa de “folclóricos” y “esperpénticos” porque buscamos el auxilio de la justicia en la consecución de nuestros derechos…

Lo más grave es que intuimos que muchos de  los caminos emprendidos por el Gobierno en estos ocho años amenazan con ser, si no irreversibles, si muy difíciles de desactivar; se alimentan de prejuicios muy arraigados y buscan alimentar el lado más oscuro que toda sociedad guarda en su seno. Esto es, a  nuestro juicio, lo más grave de la gestión del Partido Popular. Está hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Somos ya muchos los homosexuales y transexuales que hemos apostado por vivir en libertad, con todas sus consecuencias, y la perspectiva de seguir sufriendo una discriminación enquistada nos resulta insoportable. Por eso mismo sería terrible una nueva victoria electoral del PP que acabaría por galvanizar unas políticas y unos valores que están poniendo en riesgo el bienestar, la convivencia, la pluralidad y la democracia en España. Y, por otro lado, intuimos que su estrategia de tensionar y confrontar no tiene límite. Ojalá la historia no nos haga pagar a todos y todas las tremendas irresponsabilidades de estos gobernantes. Las últimas declaraciones del Cardenal Rouco y del Ministro de Hacienda en el sentido de que el reconocimiento de la igualdad para las personas GLTB haría quebrar la Seguridad Social, nos recuerdan peligrosamente los argumentos esgrimidos en épocas históricas no muy lejanas para perseguir y estigmatizar a una minoría. Puede que la sociedad en la que vivimos no caiga en esa trampa pero también es cierto que esas declaraciones, esa manera de señalarnos, puede incitar a algunos a dar un paso adelante peligroso; pueden algunos usarlas de cobertura para descalificaciones intolerables o, directamente, para la agresión. Ese tipo de argumentos “los carga el diablo” y nunca deberían ser usados en democracia. Los derechos civiles no se negocian dependiendo de su coste económico.

Tenemos, pues, dos opciones: acobardarnos o responder. Y creemos que es necesario dar esa respuesta desde la determinación y el sosiego, la legitimidad de la razón, de los valores que son universales, valores de respeto a la diversidad, de pluralidad, de igualdad, de justicia… elementos clave para la convivencia de todos y todas en el siglo XXI. Esa es nuestra alternativa, y esperamos que sea la de muchos más.

Publicado en: Iniciativa Socialista

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