Ciudadanía, reconocimiento y políticas públicas para las personas lgtb

Ciudadanía, reconocimiento y políticas públicas para las personas LGTB
Jornadas del Ararteko. Bilbao Mayo 2009

Ciudadanía liberal

Durante el debate que el Movimiento homotransexual tuvo que mantener en la defensa tanto del matrimonio entre personas del mismo sexo como de la  Ley de Identidad de género para las personas transexuales, los y las activistas utilizamos muy a menudo el argumento de que estas leyes significaban acceder a la ciudadanía plena. Era una parte de la verdad, una parte muy importante, una manera simple de explicarlo para que todo el mundo lo entendiera, pero lo cierto es que  el concepto de ciudadanía va mucho más allá de la igualdad formal. La justicia social exige mucho más que la no discriminación legal, por lo que el  activismo LGTB (homosexual y transexual)  tiene todavía mucho trabajo que hacer.

Esta primera parte de nuestra lucha ha sido posible ganarla porque hemos llegado a un punto (gracias a la lucha de movimientos sociales) en el que el estado liberal ha hecho suya la necesidad de la no discriminación de nadie en base a comportamientos que se suponen privados. Esto no siempre ha sido tan evidente y ha habido que pelearlo muy duramente, pero en todo caso se ha impuesto (es inevitable que termine imponiéndose en todo el mundo aun cuando aun las resistencias son enormes en gran parte del mundo, con sus costes en sufrimiento humano). Sin embargo, si bien la no discriminación formal es algo aceptado, no todo el mundo entiende o comparte la necesidad de desarrollar políticas sociales específicamente destinadas a homosexuales y transexuales; ni siquiera algunas personas LGTB.  Por decirlo claramente, no todo el mundo entiende qué más queremos o en qué consiste la ciudadanía más allá de la igualdad formal y la no discriminación.

Marshall definió en 1950 el concepto de ciudadanía (y es una definición clásica) como “un estatus concedido a aquellos que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que lo poseen son iguales en los derechos y deberes” Marshall no explica qué estatus es ese al que se refiere sino qué dice que ese estatus no es universal y que cada comunidad fija el suyo. Así que la cantidad y el contenido de los derechos de ciudadanía está determinada por cada entidad política, la cual construye su imagen de “ciudadano ideal” o de ciudadano tipo a quien los derechos de ciudadanía le son garantizados y a partir de ahí, según uno se aleje de ese modelo más o menos, gozará de más o menos derechos.

El estado del bienestar occidental que surge después de la segunda guerra mundial surge firmemente entrelazado a un tipo específico de familia heterosexual que se asienta como norma, como modelo de ciudadanía perfecta. Una pareja casada de por vida, con hijos, en la que la mujer es madre y cuidadora y el hombre es el ganador del pan. Este sería el modelo de ciudadanía ideal sobre el que se funda el actual estado del bienestar. El problema es que a pesar de los cambios sociales que han transformado completamente la realidad social, hasta el punto de que ese modelo familiar ya no es siquiera mayoritario en algunos países europeos, dicha familia heterosexual sigue siendo el modelo sobre el que se organiza una parte muy importante de las políticas sociales, las políticas fiscales, las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas laborales…

Por tanto, las personas que nos alejamos del modelo de ciudadanía que sirve “de plantilla” para la distribución de recursos no sólo queremos cambiar esa plantilla que ya no responde a la única realidad. Y queremos cambiarla no sólo por lo que hace a los recursos económicos,  que son desde luego la manera en que el estado nos acerca o nos aleja de la justicia social, sino porque el estado, como puso de manifiesto Bourdieu, a través de sus políticas públicas distribuye otro tipo de recursos que no son nunca tenidos en cuenta por las personas a quienes les son dados, pero que a la larga pueden ser tan importantes como los recursos económicos y son los recursos culturales, de bienestar, de legitimidad…Es decir que las políticas públicas tienen también un papel muy importante en el que legitiman –o no- formas de vida, sexualidades, subjetividades etc.

La ciudadanía no es automáticamente universal, como tendemos a creer. Y a medida en que una se aleja o se acerca de ese ideal va a recibir más o menos del estado; y no sólo económicamente, aunque también económicamente. Cuando Marshall hace su sistematización de los derechos define tres paquetes de derechos, que ya son clásicos también y que según él, han ido siendo garantizados a los ciudadanos en diferentes periodos históricos y que muestran también cómo ha ido evolucionando la ciudadanía desde que surge el concepto hasta el momento en que se sintetizan. Los derechos civiles, que son propios del siglo XVIII, los derechos políticos en el XIX y los derechos sociales y económicos, los propios del siglo XX.  Esta es la clasificación tradicional que se ha venido dando por buena desde los años 50. Sin embargo, esta clasificación es muy imperfecta y sólo tiene en cuenta las diferencias de clase en una comunidad dada, ignorando otras importantes diferencias sobre las cuales los derechos de ciudadanía han sido garantizados o negados: por ejemplo, el género, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad, la religión…Marshall está usando su propia “plantilla o modelo” de ciudadano que no incluye todas las posibilidades.

Ciudadanía universal

Fue el feminismo el que demostró hasta qué punto esta visión androcéntrica ocultaba la realidad. El androcentrismo es el mecanismo oculto que permite que se esté hablando de derechos civiles o políticos universales aun cuando de estos “universales” se esté excluyendo explícitamente a las mujeres, que no los consiguieron hasta uno o dos siglos más tarde. Sin embargo,  la crítica feminista que demostró que los derechos de ciudadanía dependían del género, cometió a su vez el mismo fallo que achaca a Marshall ignorando otras categorías fundamentales en la obtención de la ciudadanía plena como, al menos, de la raza, la orientación sexual y la identidad de género (aunque yo también creo que la discapacidad es una importante marca de inclusión/exclusión de la ciudadanía absolutamente invisibilizada). En todo caso, el concepto de ciudadanía está, como poco,  generizado, sexualizado y racializado, al menos dónde hay un número significativo de personas de otras razas o etnias.

En cuanto a las personas LGTB hemos ido conquistando derechos e distinto orden  que el que sintetiza Marshall y aun nos queda mucho; por ejemplo, los  derechos sociales básicos,  si entendemos como derecho social básico el derecho a que se nos considere “no enfermos” eso fue en los 70 pero las personas trans aun siguen dentro del paradigma de la enfermedad; no son aun consideradas personas “no enfermas”, con todo lo que tiene esta clasificación de estigmatizante. Francia acaba de pedir que la transexualidad desaparezca del DSM IV. En cuanto a los derechos civiles es obvio que no accedemos a ellos en la mayor parte del planeta, aunque en España acabamos de conseguirlos.

En todo caso, cuando hay igualdad legal…¿qué significa concretamente que la ciudadanía sea generizada y heterosexualizada? El lazo entre ciudadanía, institucionalización de la heterosexualidad y privilegios masculinos es obvio ya para todo el mundo. Hay mil ejemplos que gracias al trabajo del feminismo nos resultan fáciles de ver: diferentes sueldos, acoso sexual, problemas para compatibilizar embarazo y trabajo…El hecho de que en España una mujer gane un 25% que un hombre o que tenga problemas para compatibilizar un embarazo y parto con la vida laboral, sólo significa que todo el entramado laboral lo han hecho los hombres para los hombres. Pero hay otros asuntos también muy obvios que demuestran las dificultades que tienen las personas según se alejen del modelo para ser considerados ciudadanos plenos, por ejemplo, ¿cómo es posible que se discuta- como se discute- que las personas transexuales puedan tener derechos al tratamiento médico que necesitan en la seguridad social? En realidad ¿qué significa esa discusión? Significa dar por hecho que ellas/ellos no son ciudadanos/as , que no pagan impuestos o, peor aun, que los pagan pero que no tienen derecho a ningún beneficio social sobre lo que pagan, ni siquiera a recibir prestaciones sanitarias, que son las básicas.  Luego en ocasiones, derechos básicos de ciudadanía indiscutibles para la mayoría son discutidos todavía para algunos grupos sociales.

Nos queda mucho por hacer porque una ciudadanía plena, una participación política y social plena es mucho más que votar cada cuatro años. Lo más básico  -y eso ninguna persona lgtb lo tiene totalmente garantizado en ningún lugar del mundo- es el derecho a vivir una vida sin violencia de ningún tipo, ni física, ni simbólica, no moral…y este sería el punto en el que nos encontramos en España-

Vivir una vida sin violencia de ningún tipo incluye la violencia simbólica y moral. Es decir, el derecho a vivir no de acuerdo a ese ideal de ciudadanía que es opresivo para quien no cumple con esos requisitos, además de injusto, sino el derecho a vivir como persona homosexual o transexual. Ese es otro concepto fundamental a veces mal entendido y es que el concepto actual de ciudadanía, en busca de la justicia social, se ha ampliado y ahora se juega también en el ámbito de lo que antes era privado. La ciudadanía acuñada por Marshall en los años 50, esos derechos de los que hemos hablado, se ejercían todos en el espacio público, pero eso se debía al tipo de persona que era el considerado ciudadano tipo. El espacio público es donde estaba el varón blanco, heterosexual, cristiano…así, los ciudadanos eran los que son iguales en el espacio público. También gracias al feminismo se puso en cuestión esta definición que ya está, desde su  origen, sesgada por el género puesto que la esfera pública es dónde están los hombres mientras que lo que se juega en la esfera privada (donde estaban las mujeres) no constituía objeto de la ciudadanía, lo que permitía que la violencia doméstica, o el trabajo femenino no remunerado, el cuidado de las personas dependientes, la salud sexual o reproductiva…fueran considerados temas políticos.

“Privado, como señaló Hanna Arendt está relacionado etimológicamente con privación. Lo privado está conectado con la vergüenza. Vivimos, o vivíamos, con una noción de lo privado que implica excluir de lo público todos los aspectos de la vida humana relacionados con el cuerpo y los afectos, lo que quiere decir que aquel grupo de personas que construyen su identidad alrededor del cuerpo (las mujeres siempre ya que las mujeres son el cuerpo y el sexo por antonomasia mientras que los hombres parecen no tener ni cuerpo ni sexo)  y los afectos van a verse excluidas de lo público; o al menos van a ver excluida de lo público esa parte que tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad o los afectos. Y sin embargo, esa parte de la existencia es fundamental para muchas personas, en muchos casos es la parte que nos define a las mujeres, homosexuales o transexuales. Se obliga a estas personas a acceder al espacio público renunciando a esa parte muy importante –a veces la más importante- de sí mismas.

Lo personal es político: ciudadanía íntima

Para cambiar esto, las feministas acuñaron ese eslogan que ha trastocado las ciencias sociales, el concepto de ciudadanía, así como las definiciones de lo privado y lo público, que es: “lo personal es político”. Es decir, lo que se juega en el espacio privado es profundamente político. Desde aquí, se produjo una completa redefinición de lo que es privado y lo que es público y correlativamente una redefinición/ampliación  del concepto de ciudadanía, de manera que éste incluyera por primera vez el derecho a que uno/a pueda ser en el espacio público la misma persona que es en el privado sin que eso suponga una merma en sus derechos.

Después de que la teoría feminista redefiniera los conceptos de privado y público y su relación con la ciudadanía y con la justicia social, hace unos quince años Plummer acuñó el concepto de “ciudadanía íntima” hoy fundamental en las ciencias sociales definida como:  un nuevo grupo de derechos acerca del cuerpo, las relaciones y la sexualidad.  Son los que hoy llamados derechos sexuales que las feministas lograron incorporar a las agendas políticas. Derechos que tienen que ver con el cuerpo, las relaciones y la sexualidad y que aun generan enormes debates mundiales pero que hoy nadie duda que son profundamente políticos: la regulación de las parejas de hecho, los derechos reproductivos, las nuevas familias, la ética del cuidado (quién cuida y a qué precio) cuestiones acerca de la identidad de género (transexualidad, cambio de sexo) etc. Alrededor del reconocimiento o no de estos derechos se libra hoy una batalla política de primer orden entre progresistas y reaccionarios. En ese sentido recordemos que en la IV Conferencia de las Mujeres de Beijing no se pudo incluir ninguna referencia a los derechos sexuales ni reproductivos de las mujeres, ninguna debido a la oposición de todas las iglesias.

En todo caso, desde las ciencias sociales y partiendo de la teoría feminista, un buen número de teóricos sociales, muchos de ellos LGTB como Plummer, Giddens, Evans, Weeks… han trabajado sobre el tema de la  ciudadanía íntima o ciudadanía sexual, como la llama Evans y han sostenido que esta nueva ciudadanía es la llave que nos permite comprender la transformación radical de la vida que ha tenido lugar en los últimos 40 años. Se ha producido un proceso de individualización, de destradicionalización, secularización, autoreflexividad…que ha abierto nuevas posibilidades y expectativas en las relaciones personales y que ha transformado radicalmente las relaciones de género y la vida familiar. En definitiva, el resultado de todos estos cambios es, como ya hemos dicho, que la pareja heterosexual casada y con niños ya no es el centro de la sociedad, ni la unidad básica de la sociedad y no debe ocupar en exclusiva una posición culturalmente más valorada que las demás formas familiares o personales.

Ahora ser ciudadano/a en igualdad tiene que englobar la  posibilidad de ejercer todos los derechos, todas las responsabilidades, todas las capacidades personales, independientemente de las elecciones íntimas, y tienen que tener todas ellas el mismo reconocimiento en el espacio público del que goza la heterosexualidad, la raza blanca, el género masculino…o la concordancia entre sexo y género porque si no, si no tienen el mismo reconocimiento, se estará obligando a que estas elecciones se sigan viviendo en privado, al menos en determinados momentos, lo que supone ejercer contra estas personas un cierto tipo, o un mucho, de violencia simbólica. Lo que en definitiva quiere decir esto es que la homosexualidad tiene que poder expresarse en público de la misma manera que la heterosexualidad: con su lenguaje, sus expresiones de afecto o de atracción, sus rituales sociales, sus rituales sexuales, su visibilidad que no tiene que ser igual a la visibilidad heterosexual etc.

Es decir, si una persona LGTB, en cualquier ámbito de su vida cotidiana, en la escuela, la familia, el trabajo, la calle, el ocio, el deporte, la cultura…no puede expresarse como lgtb porque piensa que esa expresión puede suponerle un menoscabo de cualquier tipo, entonces no está viviendo en igualdad.  Y no bastan las leyes que ya están hechas (no se puede despedir a nadie por lesbiana) Es un problema de redistribución de valores simbólicos, de valores de legitimación, como dijimos antes. El hecho de que la homosexualidad sea menos valorada que la heterosexualidad es una injusta distribución de los bienes simbólicos que hace una sociedad, menoscaba la autoestima de las personas lgtb y es eso lo que hay que cambiar. Es el derecho a participar en la vida política y social como persona no heterosexual, como lo que uno es. No se trata de poner ahí nuestro cuerpo y dejar que nos consideren heterosexuales, que es lo que pasará si no decimos explícitamente que no lo somos.  Porque mientras se siga considerando, presumiendo, que todo el mundo es heterosexual no se nos estará reconociendo como lo que somos, y ese reconocimiento es básico para poder ejercer la plena ciudadanía más allá de la teoría,  ejercerla como praxis cotidiana.

 

Reconocimiento social. Ser igual vs. ser idéntico.

La filósofa feminista norteamericana Nancy Frazer afirma que no hay ciudadanía sin reconocimiento y ella considera este reconocimiento como un derecho político tan importante como el voto porque para ella ese reconocimiento es la plasmación del derecho de ciudadanía. Y cuando hablamos de reconocimiento nos referimos no sólo a un reconocimiento de la diferencia individual, sino también de grupo o colectiva. Un reconocimiento absoluto de la diferencia individual nos llevaría a una atomización política y social que haría imposible la organización de una comunidad política representativa: nadie podría representar a nadie y eso haría muy difícil la distribución de ciertos recursos pero es que, además, esa atomización extrema tampoco respondería a la realidad social. La realidad es que los individuos se constituyen como pertenecientes a un grupo social, se subjetivan a través de sus respectivos grupos. Por eso los grupos también tienen que ser objeto de reconocimiento político y no sólo los individuos.

Desde el punto de vista político, ¿qué es un grupo? Obviamente es un tema muy complejo y uno de los grandes temas de la sociología actual: no todos los grupos necesitan instituciones representativas, ni todos pretenden participar políticamente de la misma manera, ni todos necesitan los mismos recursos públicos. Una definición muy básica de grupo social seria aquella que entiende que un grupo social es un colectivo de personas que se diferencia de otro grupo respecto al menos a la manera en que se entienden a sí mismos, y esta manera de entenderse a sí mismos es una expresión de las relaciones sociales, de las formas culturales, las prácticas o los modos de vida. En todo caso, lo que es más importante es que un grupo social no se define sólo por atributos compartidos, sino por un determinado sentido de identidad, como las personas lgtb.

Una de las mayores contribuciones de la filosofía postestructuralista ha sido demoler esa anterior subjetividad unificada que postulaba el sujeto político como un ente autónomo que sólo se siente vinculado por determinados atributos, como la nacionalidad, por ejemplo. Hoy sabemos que el sujeto  está vinculado con otros muchos atributos y que para que exista justicia social muchos de ellos (aquellos que son constitutivos de su subjetividad, según la anterior definición) merecen reconocimiento político y social y posibilidad de expresarse políticamente mediante los instrumentos que se decidan, fundamentalmente políticas públicas que, en última instancia no serían sino reconocimiento por parte del estado de la existencia, de los derechos sociales y políticos del grupo.

Las mujeres constituidas como “la otredad” con respecto al hombre es el ejemplo paradigmático de grupo social pero hay muchos más: minorías raciales, étnicas, de gente mayor, discapacitados, y desde luego las personas homosexuales y transexuales…todo aquel o aquella que pueda ser constituida como “otra”. Es importante señalar que, de lo que estamos hablando es del reconocimiento de la diversidad como una parte fundamental del derechos de ciudadanía; del ser iguales, pero no idénticos, como dice Celia Amorós, que son cosas muy distintas. Que para ser iguales no se exija a nadie, a las personas LGTB tampoco, desaparecer como tales LGTB.

El concepto de igualdad entendido como “ser idéntico” está teóricamente superado pero sigue operativo en muchos ámbitos. Si bien en el XIX, hasta la mitad del XX la justicia social respecto a los grupos oprimidos se planteaba como mera eliminación de las diferencias, esta definición fue cuestionada por varias razones. En primer lugar porque lo cierto es que nadie quiere renunciar a aspectos de su subjetividad que le constituyen, renunciar a ello es vivir una pérdida personal y dolorosa. Y segundo porque, además y como hemos explicado, en realidad no es que se eliminen las diferencias o se busque un espacio neutro o mixto, sino que se asume que una de las identidades es aquella en la que se subsumen las demás. Por eso llegó un momento en el que los diferentes grupos sociales comienzan a  reivindicar el orgullo de ser uno mismo/a y que siempre es tan mal comprendido.

Hoy casi nadie piensa en que la ciudadanía tenga que ser homogénea. Primero porque es imposible y cada vez más imposible, pero además es que, desde el punto de vista de la justicia social, ni siquiera es deseable porque esa ´homogeneización sería injusto pero muchos y muchas. La justicia social requiere no de la desaparición de las diferencias, como pretende la teoría política liberal, sino al contrario, de su reconocimiento y su inclusión en la política cosa que puede hacerse de muchas formas: por ejemplo,  por medio de instituciones que promuevan el reconocimiento y el respeto de las diferencias de grupo. ¿Qué más queremos? La creación de instituciones que promuevan la igualdad lgtb: un instituto, un organismo público como los que vigilan los derechos de otros grupos. Y también la realización de políticas públicas específicas destinadas a nuestro colectivo. El ideal de asimilación liberal asumía también que la igualdad requiere tratar a todas las personas de acuerdo con los mismos principios, reglas y criterios, mientras que una política de la diferencia sostiene, en cambio, que la igualdad como participación e inclusión de todos los grupos requiere a veces un tratamiento diferente para los grupos desventajados.  El principio de la representación de los grupos desventajados en el espacio público debe hacerse a través de políticas públicas específicas dirigidas a que verdaderamente dicho grupo esté representado en igualdad en el espacio público.

Para ello hay que desarrollar políticas destinadas a cambiar las mentalidades, los valores culturales de la sociedad para lo que hacen falta recursos: campañas de visibilidad, de educación en la escuela…cursos para distintos sectores profesionales, más leyes de igualdad o no discriminación… En definitiva en definitiva es simple de decir, aunque no de hacer, se trata de que todos los recursos económicos, culturales, simbólicos, legitimadores etc se distribuyan equitativamente entre todos los grupos sociales, entre todos los miembros y miembras, que formamos parte de la sociedad.