El 27 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que ahora se presenta en el Congreso. En dicha ley y con la excusa del infame artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE, se da un paso más allá en el empobrecimiento material y social de la población. En esta ocasión el objetivo es vaciar de competencias al 95% de los ayuntamientos (todos los de menos de 20.000 habitantes) se supone que para ahorrar. El resultado final será la desaparición o privatización de todos los servicios que ahora se prestan desde los municipios y que dan servicio a más de siete millones de personas. Millones de euros que hasta ahora se invertían en políticas sociales, en sanidad, educación, igualdad, dependencia… se van a evaporar desde lo público seguramente al negocio privado de amiguetes. Pero además de desmantelar los servicios sociales municipales esta ley busca clausurar la instancia democrática más cercana a la ciudadanía, aquella en la que la democracia y el pluralismo tienen más sentido, donde los vecinos y vecinas tienen más capacidad de decisión acerca del bien común. Se trata no sólo de degradar los servicios públicos, sino también de degradar la política y la democracia, alejando aún más las decisiones políticas de quienes son objeto, y cada vez menos sujeto, de la mismas.
